16 / 01 / 2020
Rodolfo Figueroa – El Mercurio
La suspensión de Historia anunciada por el Consejo de Rectores motivó nuevas acciones legales. Una eventual orden de no innovar podría poner en pausa el proceso de admisión.
Hasta 20 ensayos de Historia al mes hizo Ignacio en 2019, como preparación para la PSU. Nunca llegó a rendir el examen, pero al igual que otras decenas de jóvenes, quiere darlo. Su caso fue presentado junto al de otros 42 estudiantes en un recurso de protección que ayer presentó en Santiago el exfiscal Rodrigo Lazo. La acción legal por la accidentada rendición no es la primera que se presenta.
Padres han ingresado otros, agrupaciones de apoderados preparan las suyas e incluso estudiantes han decidido hacerlo por su cuenta, solos.
Asílo hizo el exalumno del Liceo Augusto D’Halmar Ignacio Lavanderos, quien aspira a ser abogado y ha ofrecido en redes sociales el formato que utilizó.
Hasta ayer, contó, una decena de jóvenes ya se lo había pedido.
Al igual que en los dos recursos que se presentaron en Concepción, la acción interpuesta por Lazo incluye la solicitud de una orden de no innovar como medida inmediata. Se solicita que “se suspenda la aplicación de las pruebas de selección universitaria que debieran rendirse los días 27 y 28 de enero (…), teniendo en consideración que de acogerse este recurso implicaría la realización, organización y disposición de un tercer proceso de rendición”. Pese a su solicitud, el abogado explica que esto conllevaría un mayor gasto de fondos públicos y un problema de calendario, ya que “las fechas no van a coincidir en las postulaciones”. Escenarios complejos El panorama es delicado y en el Consejo de Rectores (CRUCH) el tema se ha conversado.
Hay directivos que son abogados y habrían comentado que había que esperar a ver el rumbo que tomaban estas acciones.
Ayer, el comité ejecutivo del Consejo se reunió para analizar la contingencia entorno a la PSU. Antes de ingresar al encuentro, el vicepresidente del CRUCH, Aldo Valle, afirmó que “los tribunales, en el ejercicio de sus funciones, deben conocer los recursos y adoptar las medidas que estimen pertinentes”. Y añadió: “Tenemos una tarea más concreta, que es hacer posible que el proceso de admisión no se vea impedido, frustrado”. Sin embargo, advirtió que si se dictara una orden de innovar y el proceso se paralizara, “desde luego que sería muy grave para el sistema educacional”. A su juicio —contrario a lo que pide el abogado Lazo—, “no sería necesario que se viera afectada la aplicación de la prueba el 27 y 28 de enero”. Valle, también abogado, enfatizó que un elemento clave en el proceso de admisión es “el principio de unidad, de concatenación sistémica”. Es decir, que los jóvenes pasen por cada etapa —rendición, postulación y matrícula— juntos a lo largo del país. “Esperemos (que eso) sea considerado, a efectos de que en aquellas etapas que se puedan cumplir (…) se pueda avanzar, porque si no el daño podría ser irreversible”, Según Valle, congelar el proceso incidiría directamente en las fechas, partiendo por la publicación de los resultados, que da pie a la fase de postulaciones. Esto, pues “no se podrían publicar resultados del proceso en general, solo respecto de un grupo”. Según el CRUCH y el Demre, por motivos logísticos, el test de Historia no podría aplicarse antes de marzo y esto postergaría el ingreso a clases al menos hasta mayo.
Los alcances
El escenario aún es incierto, ya que la justicia podría priorizar el derecho de los jóvenes a rendir las pruebas u optar por “el mal menor”, y por no atrasar el calendario académico, según el abogado Rodolfo Figueroa.
El académico de la U. Diego Portales apunta que una orden de no innovar, tomada por cualquier corte, podría pausar el proceso.
“Si en la orden de no innovar se dispone a una autoridad como el Demre, que tiene control del sistema a nivel nacional, la decisión tiene alcance a nivel país”, dice. Si esto ocurriera, dijo Valle, el CRUCh podría “recurrir por la vía de la reposición, a efectos de precisar muy bien los efectos o alcances”. ¿Qué dice la historia? Figueroa plantea que “hay precedentes de acoger recursos de protección para proteger a estudiantes”. Un caso, menciona, sería lo ocurrido durante la llamada revolución pingüina, cuando las tomas y desórdenes generaron expulsiones en los colegios: “A veces las cortes acogían los recursos, si bien estaban involucrados en protestas, algunas violentas”. En ocasiones —como el año pasado, con la U.
De Las Américas—la justicia ha obligado a repetir exámenes de grado. En ese caso, una joven acusaba que se le habían cambiado las condiciones y plazos de evaluación. (Esperamos que) en aquellas etapas que se puedan cumplir, sin perjudicar las solicitudes que se hagan, se pueda avanzar, porque si no el daño podría ser irreversible”.