El Mercurio Legal | ¿Cuándo convendría seguir un procedimiento voluntario ex mediaciones colectivas? – Francisca Barrientos

Las mediaciones colectivas son ante juicios (pre-juicios) que tienen por objeto evitar la tramitación de un juicio. Se trata de una simple negociación, antes desformalizada entre una empresa o grupos de empresas y el Servicio, que tiene por objeto llegar a un acuerdo extrajudicial. Ahora, con el texto aprobado los “procedimientos voluntarios” se someterán a las reglas de un procedimiento administrativo específico establecidas en la LPC.

De este modo, en un intento de ventilar algunas ventajas y desventajas de estos procedimientos intentaré mostrar algunas variables que permiten ponderar cuándo y a quién le conviene seguirlos. Para ello, hay que tomar en consideración una serie de factores como los juicios colectivos, las multas y las facultades sancionatorias del Sernac, entre otros.

Así, en principio, parece una herramienta rápida y expedita para lograr acuerdos para las empresas, por el efecto similar a los juicios colectivos que produce, erga onmes (no refiere a la cosa juzgada). De hecho, no puedo dudar que en algunos casos será la medida que el asesor promoverá porque evitará el inicio de un juicio colectivo.

No obstante lo anterior, habrá que ponderar cuando conviene someterse a este procedimiento, a mi juicio híbrido porque quiere parecerse a un juicio, pero no lo es.

Primero, como se trata de una simple negociación la empresa no podrá ser condenada con multas (“la solución propuesta por el proveedor no implicará su reconocimiento de los hechos constitutivos de la eventual infracción”, artículo 54 P). Y, aunque puede parecer beneficioso, me parece que hay relacionarlo con otras instituciones de la ley.

Por ejemplo, ¿esto implicaría que después el Sernac podría iniciar un procedimiento sancionatorio o denunciarlo ante un Juez Civil o incluso de Policía Local por afectación del interés general? De hecho, al menos desde la teoría general, la responsabilidad contravencional debe ser perseguida por las autoridades administrativas o los jueces, de oficio, pudiendo responsabilizarlos por omisión de deberes si no lo hacen.

Esto puede tener relevancia económica, pues el nuevo artículo 24 A permite que el tribunal condene con una multa por cada consumidor afectado, con ciertos límites. Lo anterior no se aplica “en los casos en que conste en el proceso que el proveedor ha reparado de manera íntegra y efectiva el daño causado a todos los consumidores afectados”. Respecto de este punto es posible cuestionar, al menos, dos cosas. Primero ¿qué proceso? ¿será el mismo proceso administrativo u otro diferente? Y la segunda que, si un voucher, cupón de descuento o una cantidad de dinero menor a la cuantificación del daño, como suele acordarse entre las empresas y el Sernac en estos procedimientos, podrían ser consideradas una reparación “íntegra y efectiva” para los consumidores. Al parecer, el legislador no consideró esta cuestión, por lo que habrá que ponderar. Quizás, hubiera sido mejor admitir la posibilidad de transar la multa a beneficio fiscal dentro del proceso voluntario.

Junto con ello, habrá que evaluar los tiempos de la negociación. El texto aprobado por la reforma señala que estos procedimientos durarían tres meses (artículo 54 J) pudiendo ser prorrogados por una sola vez hasta por tres meses más. Y, para marcar un punto de contraste, hay que recordar que el caso más importante, el papel tissue, la negociación extrajudicial sobrepasó con creces este plazo. Este ejemplo mostraría que no siempre, ni en todos casos, los plazos fijos ayudan a concretar la solución más eficiente y eficaz para los consumidores. De nuevo, habrá que ponderar.

Tampoco hay que perder de vista el rol de las Asociaciones de Consumidores. Con el texto aprobado lamentablemente no queda claro si todas ellas pueden participar. La ley señala que el Servicio “informará al proveedor y a la Asociación de Consumidores, en su caso, acerca del carácter voluntario del procedimiento, los hechos que le dan origen y su finalidad” (artículo 54 H) ¿A la asociación de consumidores? ¿a cuál? ¿a que pidió el inicio de la mediación, la que hizo alguna denuncia? ¿y qué sucede con las demás? Luego el artículo 54 N refiere a “las asociaciones que participen”. Ya se conocen casos de acuerdos colectivos extra y judiciales que han intentado ser impugnados por asociaciones de consumidores que no participaron porque no fueron citadas o escuchadas, invocando la indemnidad de los consumidores, que dicho sea de paso, es uno de los principios que inspiran estos procedimientos voluntarios.

Por último, no puedo dejar de mencionar que estos acuerdos, para lograr los efectos erga omnes propios de un juicio colectivo o difuso, requerirán aprobación judicial  (artículo 54 Q) ¿Y esto qué implica? ¿qué rol juega el Juez en estos acuerdos? Por ejemplo, ¿puede rechazar las compensaciones o reparaciones de los consumidores, si no se basan en elementos objetivos o no sean soluciones proporcionales al daño? ¿con qué herramientas el Juez analizará la objetivación o proporcionalidad de ellas? ¿y si el Juez no está conforme con la forma de hacer efectivo el acuerdo o el plan de cumplimiento, puede impugnarlo?

En definitiva, la ausencia de condenas contravencionales, el tiempo de duración de estos procesos, la participación de las asociaciones de consumidores y el rol del Juez serían algunos factores que deberán ponderan aquellos que pretendan someterse a los procesos voluntarios ante el Sernac.

 

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