El Mercurio | Gobierno presenta proyecto de ley “antiportonazos” para igualar sanción por robar o receptar un auto – Mauricio Duce

Hoy se cumplen tres meses de iniciado el actual gobierno. A modo de conmemorar ese hito, el Presidente Sebastián Piñera firmará el despacho al Congreso de un proyecto de ley emblemático para el Ejecutivo, el denominado “antiportonazo”.

La iniciativa -que ingresará a trámite con urgencia legislativa- propone aumentar la pena a un receptador de un vehículo robado, igualándola con la de quien comete el ilícito; es decir, establece una sanción de presidio mayor en su grado mínimo: 5 años y un día a 10 años y una multa de 10 a 20 UTM. Actualmente, por receptación el castigo va de 61 días a 5 años de pena. La propuesta fue anunciada por el Mandatario en su reciente Cuenta Pública ante el Parlamento y es parte de la hoja de ruta legislativa que lleva adelante el ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel.

Según el análisis del Gobierno, lo que usualmente sucede es que ocurrido un portonazo, los autores no siempre pueden ser vinculados a la escena del crimen ante el juez, por lo que son sancionados a título de receptador. Ante ese “déficit probatorio” el Ejecutivo propone la modificación legal de asimilar en un tramo la pena de quien compra vehículos o partes provenientes de un robo con violencia o intimidación, con la del autor del robo.

Para advertir a quienes puedan adquirir un auto robado sin saberlo, el proyecto propondría potenciar el registro de vehículos que tienen encargo por robo, el que está a cargo de Carabineros a partir de una denuncia o gestión policial.

Dudas en la oposición

Blumel considera la seguridad ciudadana uno de los ejes estructurantes de la agenda legislativa del Gobierno. Es parte del programa, así como los proyectos sociales, modernización del Estado, crecimiento y la capacidad de crear empleos. Concluidas las mesas prelegislativas sectoriales por los cinco acuerdos nacionales, el encargado de la Segpres espera que se logre “alcanzar mayores consensos legislativos” para avanzar en la batería de iniciativas propuestas.

Desde el oficialismo se adelantó el respaldo al proyecto. Para el presidente de RN, diputado Mario Desbordes, ante “delitos graves se deben tomar medidas de fondo. Muchos de estos robos son por encargos; por lo tanto, la persona que encarga lo hace sabiendo que el vehículo fue obtenido con violencia. No habría portonazos si no hubiera compradores de autos robados”.

Sin embargo, en la oposición miran el tema con mayor distancia y muestran dudas respecto de igualar la sanción. Algunos, en todo caso, se muestran llanos a estudiar la iniciativa, como es el caso del integrante de la comisión de Constitución de la Cámara Matías Walker (DC), quien fue invitado a la ceremonia de hoy, pero se excusó porque debe concurrir a la comisión de Salud.

El parlamentario explicó que es importante revisar la sanción, “sin embargo, tengo dudas en que se aplique la misma pena a quien compre un vehículo robado, porque le estaríamos asignando la misma gravedad”.
Recuadro :
Abogados coinciden en que alza de pena es desproporcionada y distorsiona el sistema de sanciones

El Ejecutivo concretaría hoy el anuncio que realizó en la Cuenta Pública: elevar la pena del delito de receptación a la que se impone actualmente a quien comete un portonazo o el robo de un automóvil con intimidación (ver nota principal).

Un grupo de abogados y académicos, de distintas facultades de Derecho, abordó la propuesta y coincidieron en que el contenido de la iniciativa aparece como “desproporcionado” y distorsionando el sistema de sanciones que establece el Código Penal.

“La dinámica comisiva de un portonazo no se agota en un delito contra la propiedad, sino que se caracteriza principalmente por un medio para su comisión especialmente grave, la intimidación”, explica el abogado Miguel Schurmann, profesor de la U. de Chile. Agrega que “dado que en la receptación no se presenta de forma alguna el uso de fuerza e intimidación, sancionarlo con la pena del portonazo resulta desproporcionado bajo el sistema de nuestro Código Penal”.

Comparte ese juicio el académico de la U. Diego Portales Mauricio Duce, quien advierte que “en principio me parece muy desproporcionado y otra muestra más de intentar por vía fácil de resolver problemas complejos. Sabemos el resultado, poco o nada cambia en realidad y se introducen nuevas distorsiones”. Y plantea que le gustaría “saber qué diagnóstico existe sobre el problema para pensar que esto sea una solución con mínima chance al mismo”.

Una inquietud similar tiene la profesora de la U. Católica María Elena Santibáñez, quien espera que este proyecto esté basado en “evidencia empírica real”. En cuanto al proyecto propiamente tal, le parece que “distorsiona el sistema penal, en el sentido de equiparar penas de ciertas conductas que son disímiles entre sí”, aunque deja abierta una duda, dado que no se conoce aún el detalle de la propuesta. Quizás, reflexiona, “se justificaría una situación así si la persona que compra (el vehículo) formara parte de una organización criminal, por ejemplo, para cometer portonazos, porque en el fondo su contribución sería funcional para la comisión de los ilícitos”.

Más crítico es el académico de la U. de los Andes, Gonzalo García P. al analizar la propuesta. El abogado estima que resultará “muy cara a largo plazo: en vez de hacer más eficiente la actividad policial prefiere distorsionar el estatuto de garantías del derecho penal -principio de proporcionalidad y de culpabilidad-, proponiendo que la pena asignada al delito de receptación no tenga como fundamento y límite el injusto (el delito) realmente cometido, sino el de uno distinto, mucho más grave”.

Y ello, dice García, resulta “ser muy dañino para el Estado de Derecho y profundiza la asistematicidad del Código Penal”.

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