El Mercurio Legal | Cuotas de género y representatividad en el Colegio de Abogados: una mirada histórica – Marianne González

Publicada originalmente en El Mercurio Legal. Se puede leer acá.

La reciente incorporación de cuotas de género en las elecciones del Consejo General del Colegio de Abogados de Chile A.G. representa un histórico triunfo en transformar al gremio en una institución más representativa de la diversidad de la profesión jurídica en el país. 

El triunfo es verdaderamente “histórico”, pues desde la creación del Colegio en 1925, su cuerpo directivo —el Consejo General— se ha caracterizado por diversos déficits de representatividad. 

En efecto, desde su fundación hasta 1981, en que se elimina la colegiatura obligatoria, el Colegio de Abogados actuó como el representante oficial de todos los abogados del país. Sin embargo, su liderazgo se limitó a un grupo restringido: la élite jurídica masculina santiaguina de centro-derecha. Así, las instancias directivas del Colegio excluyeron o sub-representaron a sectores significativos del gremio: los abogados de regiones, de izquierda, de clase media, y por cierto, las mujeres. 

La exclusión de los abogados de regiones fue notoria: la ley orgánica de 1928 que fijó los estatutos del Colegio estableció que el Consejo General tenía la supervigilancia sobre la orden a nivel nacional. Sin embargo, dicho Consejo era elegido únicamente por los abogados de Santiago. Los abogados de regiones solamente tenían representación en sus respectivos Consejos Provinciales. En diversas ocasiones, los abogados provinciales se movilizaron para modificar estas reglas, pero se enfrentaron a la oposición del Consejo General. La centralización del poder político en nuestro país tuvo, por tanto, su correlato en la organización de la profesión legal. Los estatutos posteriores a 1981 buscaron atenuar esta exclusión, pero al persistir la cuasi-asimilación entre el Consejo General y el Consejo Regional de Santiago, el Colegio de Abogados de Chile A.G. sigue siendo una institución predominantemente santiaguina. 

Por otro lado, los orígenes elitistas y la cercanía del Consejo con la derecha política también caracterizaron al Colegio desde su fundación. El primer Consejo General de 1925 fue designado entre los integrantes del oligárquico Instituto de Abogados de Santiago. Luego, en 1928 quedó fijado un sistema electoral mayoritario que perpetuó en el poder a sus fundadores. Los sectores de clase media y de izquierda, que eran entonces minorías dentro de la profesión, libraron constantes batallas por lograr ciertos niveles de participación. Desde 1932, estos grupos compitieron constantemente en las elecciones al Consejo, para ver reiteradamente fracasada su posibilidad de elegir consejeros a pesar de obtener 30% o 40% de la votación. 

La frustración por ser excluidos de la toma de decisiones en el Colegio los llevó eventualmente a crear su propia organización: la Asociación de Abogados de Santiago, en 1939, y el Club de Abogados, en 1960, que dio origen a la actual Asociación de Abogados de Chile. Estos sectores también promovieron en repetidas ocasiones la adopción de un sistema electoral proporcional para el Colegio. Fracasaron, igualmente, por la resistencia del Consejo General. 

En el ámbito político, a partir de la década de los 50 los abogados del centro político —radicales y demócratacristianos— lograron mayor presencia en el Consejo en alianza con el grupo tradicional de derecha. Sin embargo, los abogados de izquierda fueron absolutamente excluidos. Ello explica por qué el Colegio se erigió en tan férreo opositor a la Unidad Popular. Durante la dictadura, las elecciones gremiales se suspendieron y la derechización del Consejo se reforzó, pues sus miembros debían ser aprobados por la Junta Militar. 

Solo después de 1981, al transformarse el Colegio en asociación voluntaria, se abrió el espacio para negociar un sistema electoral proporcional y mayor pluralidad política en el Consejo. Sin embargo, el cambio vino demasiado tarde. La deslegitimación del Colegio llevaba décadas acumulándose y se reforzó por su rol colaboracionista durante los años más duros de la represión dictatorial. Ello no contribuyó, durante la transición, a estimular la identificación de las nuevas generaciones de abogados con una institución que se siguió percibiendo como ajena y elitista. 

En cuanto a la representación de las mujeres, estas experimentaron particulares forma de exclusión. Las mujeres constituyeron por mucho tiempo una pequeña minoría en la composición de la profesión jurídica: en 1950 representaban un 7% y todavía en 1970, menos del 15% de los abogados del país. Su presencia en el Consejo General era, sin embargo, casi nula. 

La primera consejera mujer, Adriana Olguín de Baltra, fue elegida en 1955 como un coletazo de la gran movilización feminista por el sufragio de los años 40-50. Olguín, primera ministra de Justicia en los últimos meses del gobierno de Gabriel González Videla, representaba a los sectores más moderado de la alianza feminista. Su solitaria presencia en el Consejo tuvo poco efecto en alterar los desequilibrios de género dentro de la profesión. En sus años en el cargo, la única vez que se refirió a su posición “como consejera y como mujer” fue para expresar su gratitud y darle crédito a un hombre, Arturo Alessandri Rodríguez, por los avances en “concederle” derechos civiles a las mujeres… Pasarían luego casi 20 años hasta que la próxima mujer integrara el Consejo General. 

Las dificultades de las mujeres para ganar poder en el Colegio se debieron, sin duda, a una cultura jurídica profesional profundamente masculinizada y patriarcal, que invisibilizaba a las abogadas mujeres. Pero el movimiento feminista, ocupado en múltiples otras luchas más urgentes, tampoco optó por disputar su espacio dentro de la profesión legal. Ejemplo de ello fue Elena Caffarena, la más destacada abogada y activista feminista del siglo XX, que sin embargo nunca participó activamente en el Colegio de Abogados. Caffarena prefirió utilizar su prestigio profesional para abogar por los derechos de todas las mujeres, no por la posición específica —y relativamente privilegiada— de las abogadas. 

Hubo un pequeño grupo de profesionales mujeres que buscaron visibilizar su situación en el campo jurídico: en 1944 se creó la Asociación de Mujeres Abogadas. Sin embargo, el impacto de dicha organización fue limitado. Terminó, finalmente, por aliarse con el sector más conservador del movimiento de mujeres en los años 70, postulando a Alicia Romo como consejera en 1973. Sus integrantes fueron activas opositoras de la Unidad Popular y reflejaban así, a nivel profesional, la movilización de las mujeres de derecha —más conocida por la “marcha de las cacerolas” y el maíz lanzado a los cadetes de la Escuela Militar— a favor del Golpe de Estado. No sería sino hasta los 2000 que las mujeres comenzaron a tener una presencia sostenida pero marginal en la integración del Consejo General. 

Así, la incorporación de cuotas de género al Consejo General, adoptada a pocos meses de la ola feminista del 2018, sienta un verdadero precedente en la capacidad de adaptación del Colegio al cambio social. Por una vez, no parece seguir el patrón histórico del “too little, too late” que ha marcado las reformas anteriores. Con todo, no podemos olvidar que el liderazgo del Colegio sigue representando a una pequeña minoría de la profesión legal —particularmente los abogados de los grandes estudios santiaguinos—, una composición que sigue marcada por su pasado elitista y centralista. Trascender esto, o mantenerlo, será el desafío de los y las futuras consejeras. 

* Marianne González Le Saux es abogada de la U. de Chile, doctora en Historia por la U. de Columbia y profesora de Historia del Derecho en las universidades Alberto Hurtado y Diego Portales.

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