Investigación de académico UDP sugiere que en la justicia chilena existe el riesgo de condenas erróneas por el uso de procedimientos abreviados y simplificados

Mauricio Duce llegó a esa conclusión tras el análisis de recursos de revisión de la Corte Suprema y entrevistas con fiscales, defensores, jueces y abogados.

En el marco del proyecto Fondecyt N° 1150073 “Errores de la justicia penal: investigación empírica y dogmática sobre sus causas en nuestro país y recomendaciones para evitarlos”, el profesor de Derecho UDP, Mauricio Duce, investigó el riesgo de tener condenas erróneas tras procedimientos abreviados y simplificados. 

Tras la realización de 38 entrevistas -que incluyeron a 13 fiscales, 8 defensores penales públicos, 9 jueces de garantía y 6 abogados particulares-, la revisión de 48 recursos de revisión de condenas penales por la Corte Suprema (entre 2007 y 2016) y de un trabajo de magister de una alumna, que revisó 103 audiencias de juicios abreviados y simplificado en tres juzgados de Garantía, el académico publicó los resultados en el paper titulado “Los procedimientos abreviados y simplificados y el riesgo de condenas erróneas en Chile: resultados de una investigación empírica”, el cual está por publicarse.

“Esta preocupación surge, porque hoy -está bastante consolidada en la literatura de corte empírico- que tiende a mostrar que los sistemas de justicia penal son más falibles de lo que uno piensa: se cometen errores y se cometen más de lo intuitivamente uno cree”, explica Duce sobre la motivación de este estudio. 

Según explica el profesor, el uso de mecanismos de mecanismos consensuales para llegar a condenas penales -como el plea bargaining en Estados Unidos- está en expansión en todo el mundo, incluido Chile, lo cual ha repercutido en la condena de inocentes. 

Entre los factores que existen para explicar el fenómeno, comenta Duce -según la literatura- está una presión sistémica general en el sistema; defensores que no protegen intensamente los intereses de sus clientes; jueces que no controlan adecuadamente este tema y el hecho de que los imputados estén presionados a tomar una decisión “racional”, como lo es obtener su libertad, entre otros. 

Otro de los factores, dice, es que “hay una enorme cantidad de literatura que dice que los riesgos de las aceptaciones de responsabilidad o confesiones, se producen de forma muy fuerte tratándose de los delitos de menor gravedad”. 

En el paper, Duce agrega que “en los Estados Unidos, por ejemplo, existe información que indica que tratándose de imputaciones por delitos de menor o relativamente menor gravedad existe aún más riesgo que imputados inocentes se declaren culpables”.

Sobre la situación chilena, el 83% de las sentencias (en 2016) fueron juicios abreviados y simplificados, donde -dice Duce- “la principal fuente de producción de condenas en Chile hoy son simplificados con aceptación de responsabilidad y abreviados”.

Y, al analizar los recursos de revisión, de los 38 casos acogidos por la Corte Suprema, 35 fueron por suplantación de identidad, donde 7 fueron por juicios abreviados y 28 por simplificados. 

Duce sugiere que existe una “vulnerabilidad en este tipo de procesos” con la existencia de presiones sistemáticas y burocratización.

Los otros tres casos restantes son por delitos más específicos, donde -según el análisis del académico- se sugiere que la vertiginosidad del proceso no ayuda a los imputados a entender el proceso por el cual está pasando. 

“La suma de los resultados expuestos sugiere que en nuestro país se presentarían factores y dinámicas similares a las descritas en la experiencia comparada que aumentan el riesgo de condenas erróneas por el uso de procedimientos como el abreviado y simplificado con reconocimiento de responsabilidad. Por lo tanto, no sería de extrañar que tengamos un problema más profundo que el que hasta el momento conocemos”, concluye Duce en el paper.  El profesor explica que “tenemos una combinación peligrosa de factores que aumentan la probabilidad de error” y que es un problema “sistémico”: “Obviamente hay actos de fiscales, jueces, defensores e imputados que pueden influir, pero el problema es el entorno y las formas de trabajo, que el sistema ha instalado y hay que verlo de una forma sistémica”.