La Tercera | Juan Enrique Vargas sobre plan del Gobierno para reforzar red de inteligencia con la UAF, Impuestos Internos y Aduanas

Una carpeta, que tenía diferentes estudios y leyes relacionadas con la seguridad ciudadana, se llevó desde el Palacio de La Moneda cada uno de los 18 miembros de la mesa de trabajo convocada por el gobierno, y que busca lograr un acuerdo por la seguridad pública.

Entre estos documentos, se encontraba una minuta de 10 páginas en que están plasmados los objetivos que persigue el Ejecutivo en esta materia. Así, entre los principales ejes se encuentra la modernización y fortalecimiento de las policías, del sistema de inteligencia del Estado y un mayor énfasis al control de armas.

En este sentido, la reforma a la actual estructura de la red de inteligencia aparece como uno de los focos primordiales. Al respecto, la minuta del gobierno manifiesta el interés de crear ‘un organismo central de coordinación, dotado de atribuciones y responsabilidades eficaces’. Asimismo, indican que a este sistema se deberían añadir otros organismos que actualmente no están considerados, como es Aduanas, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Actualmente, esta red está compuesta por las direcciones en esta materia de las Fuerzas Armadas y policías, además de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). La necesidad de sumar a estas tres nuevas entidades, explicaron, se debe a que por ellas también podría pasar información sensible para la seguridad nacional.

Para el senador PPD Felipe Harboe, la inclusión de estos organismos se basa en que ‘mientras más información tenga inteligencia, más se van a poder evitar delitos como el cibercrimen, lavado de activos y otro tipo de amenazas emergentes’.

Otras de las medidas que se consignan son la creación de una Escuela Nacional de Inteligencia y una unidad de ciberinteligencia.

Para Juan Enrique Vargas, académico de la Universidad Diego Portales, la Operación Huracán dejó en evidencia que no se deben mezclar las tareas de inteligencia con las de persecución penal. ‘En un trabajo de inteligencia tú debes recabar información rápida y oportuna para tomar decisiones, pero no tiene nada que ver con los estándares que exige un juicio penal’, indicó.

En lo que respecta a la seguridad ciudadana, La Moneda puso el foco en la utilización de nuevas tecnologías, el rol que deberán tener las municipalidades y la coordinación entre los actores del sistema de persecución penal. ‘Es preciso incorporar el uso de las herramientas y sistemas tecnológicos para la prevención del delito (…) Debemos poner la tecnología al servicio de reducir ciertas labores accesorias que actualmente distraen la labor de los policías y fiscales’, indica el documento.

Entre las propuestas se considera crear sistemas de denuncia vía electrónica, la eliminación de la toma de alcoholemia e instalación masiva de fotorradares en las carreteras urbanas e interurbanas. En tanto, se propone fomentar el uso de lectores de patentes, de drones para cubrir zonas de alta concurrencia en las ciudades -especialmente barrios complejos- y de cámaras de reconocimiento facial para la búsqueda de prófugos de la justicia.

En opinión de David Rozowski, director ejecutivo de la Fundación Ciudadano Seguro, ‘el reconocimiento facial es algo muy importante y para ello es necesario contar con la mejor tecnología de nivel mundial. Hay que incorporarla en todo ámbito policial, para que los funcionarios tengan mayor tiempo destinado a la prevención’.

Autonomía policías

Durante esta primera reunión de trabajo por la seguridad ciudadana, uno de los temas abordado desde distintas autoridades presentes fue la falta de atribuciones del poder civil en las decisiones de Carabineros. Y se planteó la necesidad de aprovechar esta instancia de acuerdo para modificar este aspecto.

Felipe Harboe cuestionó que en la actualidad ‘el general director de Carabineros se relacione directamente con el Presidente de la República y al Ministerio del Interior solo le informa’. En este sentido consideró oportuno que las decisiones estratégicas, como la creación de dos nuevas subdirecciones anunciada por el general director general Hermes Soto, ‘las tome el gobierno con las policías, no la policía sola’.

Para el diputado y también miembro de la instancia, Andrés Molina (Evópoli), se debe discutir el rol que hoy tiene el mundo civil al interior de Carabineros. ‘Debemos ver hasta dónde llega la potestad del Ministerio del Interior en las operaciones de Carabineros. Hoy no tiene facultades según la legislación’, cuestionó el otrora intendente de La Araucanía.

0704 - La Tercera - Red de Inteligencia - Juan Enrique Vargas

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