Los desafíos para el próximo gobierno en la mirada de nuestros académicos

Una reforma al Código Procesal Civil, la modernización a Carabineros, cambios al sistema de persecución penal, como también seguir el Plan Nacional de Derechos Humanos, son algunos de los desafíos que tendrá el nuevo gobierno del presidente Sebastián Piñera y su gabinete durante los próximos cuatro años, los cuales son analizados por los profesores de Derecho UDP.

Modificaciones en Carabineros: reformas para modernizar la institución.

Durante 2017 e inicios de este año, la “Operación Huracán” y el fraude en Carabineros han mermado la confianza de la ciudadanía en la institución. Será este gobierno quien impulse las reformas que modernizarían la institución. Así, Sebastián Piñera y sus ministros sectoriales han comentado de darle otro rol a la policía uniformada, que sería el enfocarse en la prevención de los delitos. 

El académico Mauricio Duce ha sido uno de los expertos que más ha comentado sobre una reestructuración de la institución. En una entrevista con “La Segunda” comentó que “toda la clase política ha hecho una defensa cerrada de Carabineros”. 

También comentó, en esa misma entrevista, que le preocupa “que estemos avanzando mucho en la solución chica, y no viendo el problema general”, planteando que debe haber una “reforma estructural, muy similar a la reforma procesal penal que comenzó a operar en dos regiones en 2000 y cinco años después en Santiago”, que debería apuntar a “democratizar, profesionalizar y modernizar.

Mauricio Duce

Mauricio Duce

Por democratizar entiendo una mayor sujeción al poder civil, aumento de los sistemas de control democrático y transparencia. Hay aspectos del trabajo policial que sólo pueden ser evaluados a partir de las cifras que la propia policía produce, y si Carabineros te dice ‘yo no la produzco’, como me ha tocado en requerimientos de transparencia, no tienes cómo evaluar su desempeño, y lo único que te queda es la palabra”.

Terminó diciendo que tiene “temor de cuán profundo es el compromiso del gobierno por encarar un proceso de esta magnitud y no quedarse en algunas medidas administrativas. Por eso creo que hay que verlo como una reforma de Estado”.

Además el académico comentó, en La Tercera, la posibilidad de que Carabineros se dedique a la prevención y la PDI a investigar los delitos. “Me parece que constituye una de las posibles alternativas para encarar -frente a la necesidad más o menos evidente que existe- una transformación profunda en nuestra institucionalidad policial”, dijo, pero agregó que “estimo que una reforma de esta índole requerirá satisfacer varios asuntos que van más allá de la definición básica de quien investiga”.

El mismo Duce, Cristián Riego y Juan Enrique Vargas ya habían analizado otras mejoras en Carabineros  durante el verano, tras la crisis de la “Operación Huracán”. Pueden ver sus opiniones en este compilado. También Vargas y Riego han comentado las modificaciones que se deben hacer a la Ley de Inteligencia tras la “Operación Huracán”.

Cambios al sistema de persecución penal: mejorar

Una de las grandes preocupaciones de la población, según las encuestas, es la delincuencia. Y la nueva administración ya ha declarado como una de las prioridades bajar los índices de victimización y temor que existen en el país. Para lograr esto, dicen los académicos UDP, se requiere ajustar el actual sistema de persecución penal.

Juan Enrique Vargas, en una columna publicada en enero en “La Tercera”, hizo un análisis de la Reforma Procesal Penal, a una década de su implementación en Chile. “El sistema ha demostrado ser capaz de lidiar adecuadamente con su carga de trabajo, pese a los pronunciados aumentos que ha experimentado en el periodo”, comenta y agrega que “se ha logrado a la par de mejorar el respeto de los derechos de los imputados”.

Juan Enrique Vargas

Juan Enrique Vargas

Sin embargo, el ex decano de la facultad agrega que son los delitos con imputado desconocido es donde está uno de los nudos críticos, casos que en su mayoría terminan en archivo provisional por la fiscalía. “Más allá de los problemas de coordinación y capacitación entre fiscales y policías (…) existe un problema más estructural de delimitación de responsabilidades que hay que resolver (…) resulta paradojal que esas víctimas le echan la culpa a los fiscales y no a los policías por el fracaso de sus casos”, dice. 

Cristián Riego

Cristián Riego

El profesor Cristián Riego comentó en una columna en “El Dínamo” que en el país “existe un complejo sistema de reglas que resguardan un cierto nivel de autonomía (a las policías y fiscalía) pero al mismo tiempo otorgan al gobierno diversos instrumentos para ejercer su función de coordinación del conjunto del sistema de persecución. Es muy probable que esas reglas requieran ajustes, pero ellos en ningún caso suprimirán el desafío político de gobernar un sistema complejo, poblado de instituciones con fuerte tendencia a maximizar su autonomía, con intereses propios y muchas veces poco dispuestas a cooperar”.

Y, según Duce, en un artículo de Reportajes de “El Mercurio”, las propuestas del Ejecutivo no generaron avances en seguridad. “Desde el punto de vista del índice de victimización en la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), se produjo un retroceso en las cifras que desde el año 2003 mostraban una baja consistente en el tiempo”, dice, aduciendo la falta de reformas estructurales en seguridad explicarían el alza: “Se siguió imponiendo la estrategia de enfrentar problemas de seguridad ciudadana con agendas cortas, sin una mirada más compleja”.

Reforma Procesal Civil: una modificación urgente

Los profesores Macarena Vargas y Claudio Fuentes se han referido extensamente sobre este tema —en “El Mercurio Legal”, “La Segunda” y “El Mercurio”— en especial tras el llamado que hizo el Presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, para impulsar esta modificación en la inauguración del Año Judicial.

Macarena Vargas

Macarena Vargas

“Algunos dirán que hay temas mucho más urgentes, pero déjenme intentar persuadirlos acerca de la necesidad del cambio. El sistema actual, tal como lo conocemos, como lo enseñamos los profesores de derecho y como lo utilizan los abogados tiene a la base un problema estructural: transgrede el igualitario acceso al sistema judicial de todos los chilenos. Los servicios de abogados cuestan dinero, las gestiones en los tribunales toman tiempo, comprender cómo funciona el sistema —incluso para quienes poseen estudios formales— constituye un enorme desafío.  Si ponemos todos estos elementos en una juguera el resultado es la exclusión de un importante grupo de la población que no puede permitirse pagar el “precio” para resolver sus conflictos”, explica la profesora Macarena Vargas en “El Mercurio Legal”.

Claudio Fuentes

Claudio Fuentes

Mientras que Claudio Fuentes argumentó  en “La Segunda” que “un paso anterior a la discusión de la reforma procesal civil supone preguntarse por las experiencias previas de transformaciones a la justicia que nuestro país ha enfrentado, especialmente la necesidad de contar con un diagnóstico certero acerca de su funcionamiento, sus principales fortalezas y nudos problemáticos”.

Así, explica el académico, “se evitarán errores (baste recordar la gran diferencia entre la implementación de la reforma procesal penal y la reforma de familia, esta última con un inicio muy complicado) y permitirá decidir qué prácticas queremos fomentar y cuáles no”. 

Nueva Constitución: el destino de la última gran reforma de Michelle Bachelet

Será el Presidente Piñera quien deba decidir si continua o no con el debate en el Congreso del proyecto de nueva Constitución que ingresó esta semana Michelle Bachelet.

Nuestros profesores Javier Couso y Domingo Lovera han dado su opinión sobre los aspectos de esta ley, el cual está en un compilado que se puede leer acá.

Javier Couso

Javier Couso

Mientras que el profesor Couso se ha referido a temas laborales que están incluidos en la propuesta constitucional, también dijo en una carta a “La Tercera” que “el sólo revisar el proyecto ‘desnaturaliza’ las normas actualmente vigentes, ilustrando que es posible contar con una Constitución más democrática que la que se nos impuso en 1980”.

Agregó que “más allá de la polémica que ha generado la forma y la oportunidad en que Bachelet presentó su proyecto de Nueva Constitución, lo cierto es que, para la abrumadora mayoría de la derecha y del empresariado, no habrá nunca un buen momento para sustituir una carta fundamental que, en el fondo, les acomoda” e hizo un llamado al Presidente Piñera.

“Tiene una oportunidad única, esto es, continuar el proceso de cambio constitucional iniciado por Bachelet y conducirlo (como lo hiciera el también centroderechista César Gaviria, en Colombia) hasta la promulgación de una Nueva Constitución, que nos represente a todos”, dijo.

Domingo Lovera

Domingo Lovera

Por su parte, Domingo Lovera, dijo en “La Tercera” que “el itinerario que ofreció la Presidenta Bachelet para el cambio constitucional tuvo potencial para algo distinto: para ser un momento genuinamente constituyente y participativo. Ni lo uno ni lo otro terminó ocurriendo” y que “el anuncio referido al envío de un proyecto de reforma total al texto constitucional de 1980 se abre como campo propicio para que las prácticas elitistas de reforma constitucional de 1989 y 2005 vuelvan a replicarse. Al margen de su viabilidad política, el proyecto -no tanto por el proyecto mismo, como las dinámicas políticas y sociales en las que se inserta- no podrá reclamar estar constituyendo nada en absoluto”.

Derechos Humanos: seguir el Plan Nacional de DD.HH., infancia y pueblos originarios

El profesor Tomás Vial escribió una columna en “El Mostrador” y una carta en “La Tercera” donde analiza los desafíos en materia de Derechos Humanos para el próximo gobierno. Entre ellos está el “el fortalecimiento de la institucionalidad de Derechos Humanos, como la Subsecretaria del ramo y, en particular, la implementación efectiva del primer Plan Nacional de DD.HH”. 

Este último ítem “implica obligaciones por cuatro años y compromisos de numerosos servicios públicos, constituyendo solo un mínimo —no por ello poco ambicioso— de lo que Chile se ha comprometido ante la comunidad internacional”.

Tomás Vial

Tomás Vial

Otro punto será el relativo a la reforma del sistema de protección de los niños, niñas y adolescentes. “El nuevo gobierno tiene como ineludible desafío la creación de un efectivo sistema de protección integral de los niños, niñas y adolescentes de Chile, área en la cual el país ha estado por décadas al debe en sus compromisos”, dice el profesor Vial.

También acota que el año 2019 “el Estado de Chile deberá anunciar si ratificará por otros diez años el Convenio OIT 169, sobre pueblos indígenas. Al respecto, se han dado opiniones de que sería mejor desahuciarlo, por las dificultades que este impone a la actividad económica. Tal acción sería un grave error, que debilitaría seriamente el estatus de Chile ante la comunidad internacional y, ciertamente, implicaría una negación directa de la existencia y derechos de los pueblos originarios”.

Y, sin duda, Vial plantea que “las deudas con el pasado de violaciones de derechos humanos aún están pendientes y un gobierno de derecha debería ser especialmente cuidadoso en avanzar en lo que aún no se ha hecho en materia de verdad, justicia y reparaciones. Al respecto, es imprescindible tomar medidas que permitan la determinación, identificación y retorno de los restos de las personas detenidas desaparecidas”.

Migraciones: tener una nueva legislación enfocado en los DD.HH.

El nuevo Gobierno ha establecido como prioridad tener una nueva Ley de Inmigraciones. Esto ha sido solicitado por nuestra Clínica Jurídica de Refugiado y Migrantes en varias oportunidades.

En una carta firmada en enero por la directora de esta instancia, Francisca Vargas —junto a otras organizaciones como el Movimiento de Acción Migrante o el Servicio Jesuita de Migrantes— señalaba que “el futuro gobierno debe tener presente que migrar es un derecho humano reconocido por la Organización de Naciones Unidas desde el año 1948 y consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Francisca Vargas

Francisca Vargas

Así, continua la carta, “es claro que se debe no solo promover, sino también garantizar la regularidad migratoria de quienes vienen a aportar con su trabajo al desarrollo de este país. Es necesario que las condiciones para el ingreso estén expresamente establecidas en la ley y respeten el derecho a la libre movilidad de las personas” y agregan que “se debe contemplar además una categoría de visa que permita entrar al país a quienes vienen a buscar trabajo o realizar cualquier actividad lícita, sin tener que mentir diciendo que vienen como turistas”. 

También proponen que “más que promover una migración selectiva, sobre la base de visas consulares establecidas discrecionalmente (…) debemos pensar en una política que asegure que todas las personas, independientemente de su origen o color de piel, el acceso a los derechos sociales en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano o ciudadana de este país”. 

Finalizan diciendo que “debemos regular, actuar y legislar respecto a la migración. Pero antes debemos cambiar de mirada y entender que la migración es una cuestión de derechos humanos”. 

Derecho de los Consumidores: Aplicar el Sernac 2.0
Juan Ignacio Contardo

Juan Ignacio Contardo

Tras el fallo del Tribunal Constitucional que limitó las nuevas facultades del Sernac, este gobierno será el encargado de implementar el Sernac 2.0. Así, el profesor Juan Ignacio Contardo fue enfático en decir –en una carta en La Tercera– que la ley no “contiene una mejora en los derechos de los consumidores” y que esta queda “prácticamente idéntica al estado actual”, salvo en el aumento de la prescripción de las acciones infraccionales y civiles, más algunos perfeccionamientos procedimentales.

Pablo Soto

Pablo Soto

Mientras, el profesor Pablo Soto, escribió dos columnas, en “El Mercurio Legal” y “El Mostrador” donde analiza la sentencia del TC en detalle. En el primer medio dijo que “el TC ha rediseñado el órgano, sosteniendo que la institucionalidad hoy vigente en materia de consumo, que permite al Sernac fiscalizar y a los jueces de policía local resolver la aplicación de multas, es inmutable“. En tanto, en “El Mostrador”, escribió que “en simple, entre otras, las facultades sancionatorias, de mediación y conciliación que el legislador decidió otorgar al SERNAC fueron declaradas inconstitucionales porque se trataría de funciones que sólo los tribunales pueden ejercer”. 

Nombramientos: ocho ministros de C. Suprema y el futuro del ex fiscal notario

Según publicó “La Tercera” en diciembre del año pasado, el actual Presidente tendrá que nombrar a un tercio de los ministros de la Corte Suprema en su periodo, lo cual generaría un conflicto dada la composición actual del Senado (se requiere 2/3 de aprobación del nombre que elija el Mandatario, tras una quina de la C. Suprema). “Es bastante más difícil especular si el Presidente podría imponer sus nombres”, dijo Juan Enrique Vargas.

También el nuevo ministro de Justicia, Hernán Larraín, deberá resolver si retira o no de la Contraloría el decreto que nombra al ex fiscal regional de O’Higgins y ex investigador del Caso Caval, Luis Toledo, como nuevo notario en San Fernando. El profesor Riego calificó la acción, en “El Mercurio”, como “gravísimo, porque ha habido otros casos en que a fiscales que han tenido que ver con casos que le importan a alguna autoridad luego le dan un cargo”.

Foto de portada: Wikicommons 

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