Estado al debe en materia de Infancia, personas que viven en campamento y funcionarios públicos

portaadwebA pesar del crecimiento económico y la mejora general en los indicadores de desarrollo humano en Chile, los campamentos aumentaron entre 2011 y 2016, según el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile UDP 2016. Las 38.770 familias (cerca de 11 mil más que en 2011 según cifras de TECHO-Chile), que habitan 660 campamentos a los largo lo largo del territorio nacional, se distribuyen mayoritariamente en Valparaíso, Antofagasta y Concepción, viviendo sin acceso a sin acceso a servicios básicos y a un medioambiente sano. Lo anterior “constituye una violación de una obligación inmediata del derecho a la vivienda digna consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito por Chile”, asevera el estudio, junto con denunciar “la falta de una política estructural de vivienda que pueda superar los obstáculos que le pone el mercado de suelos; la falta de datos actualizados sobre la situación en los campamentos, y, también, la ausencia de reconocimiento constitucional del derecho a la vivienda”.

La XIV versión del Informe fue presentada hoy a la prensa en la Facultad de Derecho UDP por la directora del Centro de Derechos Humanos del mismo plantel, Judith Schönsteiner, y el editor general del mismo, Tomás Vial. Diez son los capítulos que incluye este año la publicación, cuyo propósito es “informar y analizar en profundidad, desde la perspectiva de los DDHH, aspectos conflictivos o silenciados de nuestra vida social, que consideramos de particular gravedad por su carácter estructural o que no han sido destacados con anterioridad”. Es el caso de los derechos de las personas intersex, uno de los grupos LGTBI cuyas violaciones son menos visibles y estudiadas, al menos en Chile. Al respecto, se indica que ni siquiera el Ministerio de Salud posee cifras oficiales y/o públicas respecto del número de nacimientos intersex, ni tampoco existen normas de carácter legal que  garanticen la protección de la integridad corporal de estos niños y niñas.

En materia de Infancia, el estudio  -que viene siguiendo el tema hace años- es particularmente duro en relación a la  forma en que el Estado trata a los niños, niñas y adolescentes (NNA) que tiene a su cargo, lo que  “ha provocado, estos últimos meses, con razón, escándalo y preocupación pública”.  La pendiente institucionalidad de la infancia en Chile es calificada como “una deuda impaga”, y tras el análisis de los proyectos de ley presentados durante este año por el Ejecutivo, se concluye que “a 26 años de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño (CDN), Chile sigue sin ajustar sus normas y políticas públicas a los estándares internacionales a los que el Estado adscribió con la suscripción de dicho tratado”. Entre otras medidas, se insta a que se apruebe con prontitud el proyecto de ley que crea el Sistema de Garantías de la Niñez, incorporando un enfoque de derechos humanos, y que no se sujete el reconocimiento de éstos a la disponibilidad presupuestaria del Estado.

Otra investigación inédita que adquiere particular relevancia a la luz de la última negociación del reajuste al sector público es la que presenta el capítulo “Radiografía del empleo público en Chile: derechos laborales de los funcionarios públicos”, el cual estudia la situación laboral de dichos trabajadores, en particular en materia de sindicalización, negociación colectiva y derecho a huelga, recomendando que estos derechos  sean consagrados constitucionalmente en forma universal (para públicos y privados), aunque  “admitiendo posibles restricciones –pero nunca la prohibición– en el caso de servicios esenciales en el sentido estricto del término”.

El resto de las temáticas incluidas este año se refieren las obligaciones estatales en materia de empresas y derechos humanos; a la práctica de esterilización en niñas y mujeres, con y sin discapacidad psíquica o intelectual; pueblos indígenas, multiculturalidad y sistema educacional; garantías contra la expulsión para migrantes y por último, el capítulo sobre verdad, justicia y memoria por violaciones a los DDHH en tiempos de dictadura, único que se mantiene desde los inicios de la publicación.

El lanzamiento oficial del Informe de DDHH 2016 se realizará mañana martes 8 de noviembre, a las 18.30 hrs., en el Aula Magna de la Facultad de Derecho UDP, en una acto encabezado por el decano Juan Enrique Vargas, luego de lo cual quedará a disposición pública en  el sitio web del Centro de Derechos Humanos UDP (www.derechoshumanos.udp.cl).

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