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Informe de Derechos Humanos UDP expone lentitud de la justicia en casos del estallido social y ve en el proceso constituyente un “espacio de reconstrucción democrática”

7 Diciembre 2021

En su versión 2021, el extenso análisis de académicas, académicos y profesionales del Derecho y de otras áreas revisa el efecto de la pandemia sobre el acceso a justicia y educación; los derechos de trabajadoras/es, mujeres, niños, niñas y adolescentes; la situación de los pueblos originarios y la política migratoria, entre otras temáticas.

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales presentó este lunes el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile UDP 2021, un extenso análisis sobre el actuar del Estado en diferentes áreas durante el último año, a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos.

En la versión número 19 desde su creación, el Informe expresa “preocupación por la situación en que se encuentra Chile en lo referido a la protección de los derechos humanos”, particularmente ante “el pobre avance en la investigación, juzgamiento y reparación a distintas violaciones a los derechos humanos, especialmente las ocurridas desde el estallido social de octubre de 2019”. El documento también analiza las dificultades del acceso a la justicia civil y la educación durante la pandemia del Covid-19, así como el efecto que esta tuvo en las vulneraciones que ya sufren niños, niñas y adolescentes; en materia de derechos de las mujeres y de trabajadores y trabajadoras.

Así, el Informe señala que la crisis sanitaria incrementó la situación de vulnerabilidad en todo el mundo, golpeando con particular fuerza a la infancia, ya sea por la pobreza multidimensional que sufren niños, niñas y adolescentes, como por los obstáculos para acceder a la educación. También trajo una mayor carga laboral para las mujeres, tanto por las tareas de cuidado como por la implementación del teletrabajo, y las expuso a una mayor situación de vulnerabilidad. El documento sostiene que “la crisis sanitaria sobreexpuso a las víctimas a más violencia de género producto del confinamiento y, si bien hubo más llamadas a los teléfonos de emergencia, ello no se tradujo en más denuncias en tribunales”. Esto, señala, es “demostrativo del problema en el acceso a la justicia con que se encuentran las víctimas, principalmente mujeres, niños, niñas y adolescentes”. En derechos laborales, la crisis sanitaria generó un deterioro de las condiciones para trabajadoras/es, en particular debido a la llamada Ley de Protección al Empleo que obligó a las personas a usar sus ahorros en los fondos de cesantía para paliar la crisis.

La pandemia también afectó al funcionamiento de la Justicia en el último año, agravando los problemas estructurales que han obstaculizado el trabajo en distintas áreas, incluyendo las denuncias de violaciones de derechos humanos tras octubre de 2019. “A dos años del estallido social, los resultados en materia de juicio y castigo a los responsables de esas violaciones son muy desalentadores (…) la justicia no sólo ha tardado, sino que en muchos casos no ha llegado para los cientos de personas que sufrieron mutilaciones por parte de agentes del Estado o vieron vulnerados sus derechos fundamentales en el marco de la protesta social”, señala el Informe.

“Lo que se observa es una lentitud e inoperancia del Ministerio Público por falta de liderazgo en este terreno”, añade el documento. “Esto implica que no se ha logrado dimensionar adecuadamente la obligación que pesa sobre la institución en lo referido al deber de debida diligencia en la investigación de violaciones graves a los derechos humanos (…) Es posible que la evidencia ya no exista, que no sea viable identificar a todas las víctimas, que estas vean con suspicacia el trabajo del Ministerio Público y que algunas de ellas no deseen seguir adelante”.

También cuestiona el uso de la prisión preventiva en los casos tras el estallido: “No sólo afecta en términos individuales el principio de inocencia de personas privadas de libertad sin que se haya dictado condena, sino que, además, desde una perspectiva general, su amplio uso genera un efecto de criminalización del ejercicio del derecho a la protesta social”, sostiene.

En tanto, al observar la situación de pueblos originarios en Chile, el Informe detecta una espiral de violencia, particularmente en la Araucanía, donde se ha incrementado la militarización a pesar de las recomendaciones de organismos internacionales. “El conflicto entre el Estado y comunidades mapuche se continúa enfrentando desde una lógica de guerra, siendo respondida, en algunos casos, en los mismos términos”, sostiene el documento. El análisis agrega que “en los últimos años y meses existe un preocupante clima de violencias múltiples en zonas de La Araucanía y el Biobío, donde confluye la violencia ejercida por el Estado; la que ejercen particulares contra personas o comunidades indígenas y aquella proveniente de grupos supuestamente ligados a la reivindicación territorial mapuche”.

El Informe también critica la lógica de “invasión” instalada en torno al ingreso masivo de personas migrantes, refugiadas o solicitantes de asilo, especialmente desde Venezuela. Las vulneraciones que sufre esta población también se agravaron con la pandemia, en particular, señala el documento, “por la débil y desestructurada respuesta que ha dado el gobierno de Chile en las ciudades y pueblos ubicados en la frontera norte”. También analiza los procedimientos de expulsiones colectivas de migrantes, “que no sólo están reñidas con el derecho internacional de los derechos humanos, sino que han sido declaradas ilegales y arbitrarias por tribunales superiores del país”.

En referencia al proceso constituyente, el Informe plantea que ofrece una oportunidad “para la reconstrucción democrática y solución a la crisis política, social, económica e institucional”. Sin embargo, frente a la aún baja participación en el plebiscito y en la elección de las y los convencionales constituyentes –y un nivel aún menor en el padrón indígena–, sostiene que “será fundamental el proceso de participación y consulta que realice la Convención Constitucional, y de cómo este logre legitimarse como un camino de diálogo entre las comunidades y pueblos indígenas”. También menciona falencias en los esfuerzos por aumentar la participación de personas migrantes, con discapacidad, niños, niñas y adolescentes o LGBTI+.

El Informe también refiere a la situación que vivió este año el Instituto Nacional de Derechos Humanos, así como la tardía y accidentada instalación del Comité de Expertos del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura.

En total, el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2021 de la Universidad Diego Portales consta de once capítulos temáticos, redactados por 18 académicas, académicos y profesionales del Derecho. La coordinación está a cargo del Centro de Derechos Humanos de la UDP, dirigido por Lidia Casas, mientras la edición general fue realizada por la académica Francisca Vargas.

El documento completo está disponible para descarga gratuita aquí. Revisa el video de la presentación acá.

 

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