La Tercera | Desafíos del próximo gobierno en DD.HH.

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29 / 01 / 2018

La instauración de un nuevo gobierno es un tiempo propicio para reflexionar sobre cuáles son los desafíos como país y gobierno, por los próximos cuatro años.

Como se sabe, este es un período corto de tiempo que requiere priorizar y ser razonablemente modesto en cuanto a lo que efectivamente se puede realizar. Lo anterior es válido también para las obligaciones que como Estado tenemos en materia de Derechos Humanos, las que son múltiples y complejas.

Sin pretender exhaustividad ni tampoco necesariamente una prioridad, un nuevo gobierno -y en particular un Ministerio de Justicia y DD.HH.- tienen como gran desafío la creación de un efectivo sistema de protección integral de los niños, niñas y adolescentes de Chile, área en la cual el país ha estado por décadas al debe en sus compromisos. Si bien el actual gobierno envió varias iniciativas muy relevantes en esa área -una de ellas, la que crea el Defensor del Niño, ya está promulgada- quedan varias piezas de este gran engranaje por construir e implementar.

Una segunda, y con muy amplia responsabilidad, será el fortalecimiento de la institucionalidad de Derechos Humanos, como la Subsecretaría del ramo y, en particular, la implementación efectiva del primer Plan Nacional de DD.HH. Esto constituye un inmenso desafío de política pública y administrativa para cualquier gobierno, siendo las experiencias comparadas en América Latina no muy alentadoras al respecto.

El plan implica obligaciones por cuatro años y compromisos de numerosos servicios públicos, constituyendo solo un mínimo -no por ello poco ambicioso- de lo que Chile se ha comprometido ante la comunidad internacional.

Para esa implementación el gobierno requiere, sin duda, de la cooperación y el diálogo constante con la sociedad civil, en sus múltiples expresiones. Un Estado moderno lo es también cuando incorpora dentro de su forma habitual de planificar sus políticas públicas los estándares de DD.HH. y la participación social. Ambos son test de su legitimidad ante la ciudadanía.