Gonzalo Guerrero - La Tercera
08 / 09 / 2025
“Si bien la Constitución establece que quienes sean acusados por delitos que merezcan pena aflictiva pueden ver suspendida su ciudadanía, pudiendo perderla en caso de ser condenados, la práctica judicial, apoyada en el derecho internacional, exige una sentencia condenatoria como requisito indispensable para limitar los derechos políticos. Esta disonancia genera inseguridad jurídica y abre espacio a interpretaciones contradictorias, debilitando la eficacia del texto constitucional”.
“El caso de Jadue evidencia un problema procedimental: fue correctamente incluido en el padrón, pero la acusación se ratificó el 28 de agosto, fecha en que venció el plazo para reclamar su exclusión ante los Tribunales Electorales Regionales (…) El sistema debiese ser necesariamente optimizado por parte del legislador, otorgando al Servel un procedimiento claro para evaluar candidaturas en contextos judicializados. Ello evitaría que tribunales con criterios dispares decidan en plazos acotados, afectando la certeza jurídica y la confianza pública en el sistema electoral”.