Participación de Francisca Vargas, directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados UDP

Por su parte, Francisca Vargas, pone el acento en la eventual falta de registro respecto del destino actual de los menores. “Si se comprobara que los protocolos que existen son defectuosos, o que derechamente no existen, y, adicionalmente, se comprueba que no hay trazabilidad acerca de los niños, entonces estaríamos ante una situación sumamente grave, pues podría tratarse de un caso de trata de personas o tráfico ilícito de migrantes”, sostiene.

De existir esa trazabilidad, puntualiza, en “la comprobación de inexistencia de protocolos o de que ellos son defectuosos, aunque a nuestro juicio sería menos grave o riesgoso, igualmente estaría comprometida la responsabilidad internacional de Chile en relación a sus obligaciones adquiridas con la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño”.

Esto último, plantea la especialista, “porque en realidad no se estaría protegiendo el interés superior de los niños, y el Estado, al no tener protocolos o al tener unos defectuosos, no estaría actuando como garante de sus derechos, abarcando muchos de ellos desde la identidad hasta la educación”.