El académico de Derecho Constitucional, Jaime Gajardo, comentó sobre el pronunciamiento de la Contraloría General de la República del oficio reservado enviado a la Policía de Investigaciones (PDI).
“El dictamen de la Contraloría es bastante grave por tres razones. Primero, dice que la exministra (Steinert) actuó fuera de la órbita de sus competencias, es decir, fuera de lo que la Constitución y la ley le permiten realizar. Eso es gravísimo, porque precisamente lo que uno espera es que las autoridades públicas actúen en el marco de sus competencias y no se excedan en ellas. Lo segundo es que, como también lo dice expresamente el dictamen, puso en riesgo una investigación penal en curso. Eso también es muy grave, porque lo que uno espera de un ministro de Seguridad es todo lo contrario”, expuso.
“No había razones, dentro de las competencias del cargo, para solicitar la información que se pidió y pareciera ser que había más bien un interés personal. Entonces, eso es lo complejo del dictamen y por eso yo creo que es muy grave. Uno esperaría que las autoridades actuales fueran muy claras en condenar este tipo de prácticas, porque nosotros no queremos que las autoridades públicas actúen fuera de la órbita de sus competencias”.
