Entrevista a Alejandra Castillo: Académica abordó los riesgos del uso de inteligencia artificial en procesos penales
La académica enfatizó la necesidad de establecer mecanismos de control y mayores resguardos en el tratamiento de datos personales por parte de la Fiscalía.
04 / 08 / 2026
En una entrevista publicada por Actualidad Jurídica (DOE), Alejandra Castillo, académica del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, se refirió a los desafíos que plantea la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en el trabajo del Ministerio Público, enfatizando la necesidad de fortalecer la transparencia, la protección de datos y los mecanismos de control.
En ese contexto, la académica sostuvo que la Fiscalía debe informar a la ciudadanía sobre el uso de estas tecnologías y establecer resguardos claros para evitar vulneraciones. “Lo primero es que el Ministerio Público debiera transparentar ante la ciudadanía cuáles son los mecanismos de investigación que está utilizando. Si se está usando inteligencia artificial, debiera informarse qué herramientas se emplean, bajo qué condiciones y con qué resguardos internos para evitar usos indebidos”, señaló.
Castillo precisó que el problema no radica en el uso de la tecnología en sí, sino en el tratamiento de información sensible durante las investigaciones. “No estoy en contra de utilizar tecnología para mejorar la redacción o elaborar documentos tipo. El problema aparece cuando se entregan a estas herramientas insumos probatorios sensibles, que pueden afectar el secreto de la investigación y los derechos de imputados, intervinientes y terceros”, afirmó.
La académica también destacó que la nueva normativa sobre protección de datos personales también impone obligaciones a los organismos públicos: “La Ley N° 21.719 tiene una dimensión de protección de derechos ciudadanos. Busca empoderar a las personas respecto de su autodeterminación informativa y respecto de qué datos están autorizados a tratar los organismos públicos y privados. En ese sentido, la Fiscalía no es una excepción a esta limitación y no debiera serlo”.
