El director del Doctorado en Derecho UDP reflexionó sobre el consenso existente en torno a la justicia constitucional y la importancia de que el Tribunal Constitucional alcance mayorías amplias en sus decisiones.
11 / 08 / 2026
Javier Couso, director del Doctorado en Derecho de la Universidad Diego Portales, abordó en una carta al director publicada por El Mercurio el debate en torno a la justicia constitucional en Chile. El académico cuestionó la idea de que la izquierda, en su conjunto, haya buscado eliminar esta institucionalidad y recordó que, durante el proceso constituyente de 2022, se optó por mantener una corte constitucional, aunque con características diferentes a las del actual Tribunal Constitucional.
Couso sostuvo que estos antecedentes dificultan afirmar que un sector político en su conjunto haya buscado “demoler —o descalificar— la justicia constitucional en Chile”. A ello, agregó, se suma el respaldo que esta institucionalidad tiene tanto desde la derecha como desde el centro político. “Cabe constatar que existe en el país un consenso generalizado respecto de la necesidad de esta”, afirmó.
A partir de ese consenso, el académico puso el foco en el funcionamiento del Tribunal Constitucional y la importancia de alcanzar acuerdos amplios, particularmente en casos de alta relevancia pública. En ese sentido, planteó que cabe esperar que la institución despliegue “sus mayores esfuerzos por dictar sentencias con mayorías contundentes, especialmente en casos emblemáticos”. De lo contrario, advirtió, podría instalarse la percepción de que “la Constitución significa para la mitad del Tribunal lo contrario de lo que significa para la otra”.
Finalmente, Couso sostuvo que esta situación podría afectar la percepción del Tribunal como un “foro de principios” y alimentar la idea de que en sus decisiones priman consideraciones político-partidarias. En esa línea, recordó el planteamiento de Susanne Baer, entonces integrante de la Corte Constitucional Federal de Alemania, respecto de que la legitimidad de este tipo de instituciones depende, en buena medida, de que sus sentencias sean acordadas por mayorías amplias al resolver si una ley o proyecto se ajusta o no a la Constitución.