Javier Couso cuestiona reformas constitucionales en materia de seguridad: “Es un recurso típico de gobiernos que ceden al populismo autoritario”

Javier Couso, director del Doctorado en Derecho de la Universidad Diego Portales, analizó en entrevista con El Mostrador las propuestas de reforma constitucional en materia de seguridad, advirtiendo sobre los riesgos de modificar la Carta Fundamental como respuesta a decisiones de la justicia constitucional. Para el académico, esta fórmula no solo afecta el rol del Tribunal Constitucional, sino que podría abrir la puerta a que futuros gobiernos recurran a cambios constitucionales cuando cuenten con las mayorías necesarias y enfrenten resoluciones que no comparten.

“Es un recurso típico de gobiernos que ceden al populismo autoritario. Y ante un fallo de un Tribunal Constitucional que está encargado de velar por la integridad del orden constitucional, reaccionar cambiándole el parámetro respecto al cual acaba de pronunciarse”, sostuvo Couso. El constitucionalista advirtió que esta lógica podría repetirse frente a otras decisiones judiciales y recordó como antecedente la experiencia mexicana: “Con esta lógica, en el futuro nada impediría que ante una decisión del Tribunal o una serie de decisiones que al Gobierno no le gustan, si tiene mayoría, haga lo que ocurrió con (Andrés Manuel) López Obrador (…) que es cambiar la integración del juez por la vía de movilizar la carta populista”.

Couso también cuestionó la propuesta de restringir determinadas prestaciones sociales a personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado. A su juicio, incorporar esta distinción en el artículo 19 N°2 de la Constitución afectaría directamente el principio de igualdad ante la ley. “Lo errado de esto es que al meterle mano al artículo 19, número 2 de la Constitución, diciendo que no se considerará arbitrario lo que es arbitrario, estás atacando un derecho de primera generación, el de la igualdad constitucional”, afirmó.

El académico puso además el foco en las diferencias que generaría determinar la pérdida de derechos sociales según el tipo de delito cometido. “Se votó privar derechos sociales a una categoría de personas y no a otras. Por ejemplo, asesinos pedófilos no están en esta categoría”, señaló. En ese sentido, planteó la interrogante sobre el fundamento constitucional de esta distinción: “¿Por qué pierde el miembro de una organización criminal (…) el derecho a la salud y no lo pierde un asesino en serio, de niños y de niñas, pedófilo?”.