Cristián Riego - El Mercurio
27 / 07 / 2020
Sin embargo, coinciden con propuesta en algunos puntos, como mejorar trato que sistema penal da a denunciantes. Texto final de iniciativa ayer todavía se afinaba.
La familia de Antonia Barra y un grupo transversal de diputados anunciaron este sábado que ingresarían un proyecto de ley —bajo el nombre de la joven— para mejorar la protección de las víctimas de violencia sexual. Martín Pradenas, imputado por la fiscalía como Su agresor y de otras denunciantes, fue formalizado y por decisión de la Corte de Temuco, quedó en prisión preventiva.
Ayer aún se afinaba el contenido de la iniciativa, pero entre los puntos que fueron mencionados por los congresistas en la víspera estaban que los imputados sean considerados un peligro para la seguridad de la sociedad y se decrete prisión preventiva, establecer la prohibición de acercamiento incluso terminada la condena, tipificar la inducción al suicidio como delito, mejorar el trato a las denunciantes en el proceso y que los condenados no puedan acceder a beneficios intrapenitenciarios, entre otros.
La profesora UC María Elena Santibáñez cree quesí deben establecersecriterios especializados y diferenciados en materia de beneficios intrapenitenciarios, aunque los cambios debiesen venir, dice, “en las medidas de protección y en la prohibición del uso de estereotipos que reflejen violencia contra la mujer en las audiencias De estos casos, así como en las resoluciones judiciales” Y, agrega, es necesario “producir modificaciones en la legislación penal, pues la forma en que hoy están regulados, no permiten recoger todas las hipótesis de ausencia de consentimiento, mantiene diferencias artificiales entre ciertos tipos penales y, en definitiva, no se adecua a la fenomenología de los mismos”. Sin embargo, no está de acuerdo con una eventual prisión preventiva a todo evento, pues “para quese pueda imponerse requiere contar con antecedentes suficien:s sobre la existencia y la participación en el delito, así como demostrar que existe una necesidad de cautela de las señaladas en la ley, uno de esos criterios es precila gravedad de la pena”. Por lo mismo, la Corte la decreta enestecaso, revirtiendo lo resuelto por el juez. A Cristián Riego, académico UDP, le parece que “siempre es complicado legislar a partir de un caso particular, hay estudios serios de los problemas que enfrentan las mujeres en el sistema de justicia penal.
Por ejemplo, los que ha hecho Lidia Casas (profesora de la misma casa de estudios) que muestran que los principales problemas están en los prejuicios y formas de trabajo de policías, fiscales, servicios de salud y periciales”. “Es posible —afirma— que Sean necesarias reformas penales y procesales, pero deben hacerse sobre la base de estudios serios y la mayoría son más a nivel opera= tivo que legal”. Como Santibáñez, tampoco comparte lo anunciado en materia de prisión preventiva: “Parece complicado, porque automatiza una institución que por defini ción debe ser resuelta caso a caso”. Y, advierte, “el proyecto me parece inconstitucional y contrario a la Convención Americana de DD.HH.
”, en cuanto se exige que esta medida cautelar “se vin= cule a necesidades concretas como evitar la fuga, la destrucción de prueba o nuevos delitos y acá se desvincula de esos objetivos”. El profesor UC Alex van Weezel sostiene que “uno puede discutir sobre la gravedad de las peas, dentro de un marco de cierta proporcionalidad.