Javier Couso - The Economist
23 / 10 / 2020
Un año después del estallido de grandes protestas en las que murieron al menos 30 personas, los chilenos volvieron a reunirse. La combinación de civilidad masiva y caos minoritario era familiar. Decenas de miles de manifestantes con banderas se congregaron pacíficamente el 18 de octubre en la Plaza en el centro de Santiago. Por la tarde estallaron peleas entre bandas de fútbol. El día terminó con ataques a comisarías y dos iglesias incendiadas. La pandemia ha contenido en gran medida este tipo de protestas. Pero se supone que una solución más duradera provendrá de un plebiscito, que se celebrará de octubre, sobre si Chile debería desechar su Constitución y redactar una nueva.
“Esto brinda la oportunidad de canalizar de manera civilizada algo que se volvió realmente aterrador”, dice Javier Couso, un académico constitucional de las universidades Diego Portales y Utrecht y que asesora al centrista Partido Demócrata Cristiano. Los problemas con la Constitución actual comienzan con sus orígenes. Adoptada en 1980, es obra del régimen de Augusto Pinochet, un déspota que gobernó hasta 1990. Aunque reconocía las libertades básicas, un estado de emergencia las suspendió hasta los últimos días del régimen.
Bajo la influencia de economistas promercado educados en la Universidad de Chicago, no solo protegió al sector privado, sino que le otorgó un papel importante en la prestación de servicios públicos, “Es la que más favorece al sector privado en el mundo”, dice Couso. Chile prosperó bajo la Carta de Pinochet, que los gobiernos posteriores enmendaron decenas de veces. Desde 1990, la economía ha crecido rápidamente, la pobreza se ha reducido drásticamente y la política se ha mantenido estable. Pero la ira que estalló el año pasado se ha estado acumulando durante más de una década.
Los chilenos están furiosos por la atención médica de dos niveles que sirve a los ricos mejor que a la gente común; sobre la mala calidad de las escuelas públicas, y sobre las pensiones de gestión privada, que pagan menos de lo que muchos esperaban. Los chilenos culpan en gran medida a la Constitución. Al dar a los ciudadanos la opción de contribuir al sistema de atención médica pública o privada, la carta dificulta que el Estado establezca un sistema de atención médica financiado por los contribuyentes como el sistema británico. Cuando un gobierno de izquierda buscó fortalecer la agencia de protección al consumidor, permitiéndole multar a las empresas, el Tribunal Constitucional lo anuló. El tribunal también podría anular cualquier intento de reemplazar las pensiones administradas de forma privada como una infracción del derecho a elegir entre sistemas públicos y privados. Los cambios a las leyes sobre educación, policía, minería y elecciones requieren mayorías de cuatro séptimos en ambas cámaras del Congreso. A los ojos de los críticos, la Constitución no es solo “neoliberal”, sino “hiperpresidencial”. Le da al presidente el poder de dictar qué proyectos de ley tienen prioridad en el Congreso. Los miembros no pueden proponer proyectos de impuestos o gastos. Las regiones no pueden obtener sus propios ingresos, lo que concentra el poder en Santiago. La Constitución está “diseñada para neutralizar la política democrática”, dice Fernando Atria, jurista de la U. De Chile y director de Fuerza Común, parte de la alianza de izquierda Frente Amplio.
El 25 de octubre los votantes también elegirán si confiar la redacción a una asamblea elegida, la mitad de cuyos miembros serían mujeres, o a una convención dividida equitativamente entre delegados elegidos y miembros del Congreso. ¿Qué podrían escribir en la hoja en blanco? Probablemente estén de acuerdo con una mención constitucional de los indígenas chilenos, el 9% de los 19 millones de habitantes de Chile, y tal vez fomenten el uso de sus idiomas. El presidente probablemente perderá algunos poderes; algunos delegados defenderán la adopción de un sisteima parlamentario. Puede haber más margen para plebiscitos. Es probable que cualquier nueva Constitución haga a Chile más socialdemócrata. Los defensores de la nueva carta quieren introducir la idea de “igualdad de oportunidades”, que en términos chilenos significa hacer que mejores servicios públicos sean asequibles para todos. Presionarán por la creación de nuevos derechos sociales, como el derecho a la vivienda. Algunos temen que todo esto obligue al gobierno a gastar dinero que no tiene. La autonomía del Banco Central, que ha ayudado a mantener baja la inflación, podría verse debilitada. La extrema izquierda no hará realidad su sueño de nacionalizar industrias cree Bernardo Larraín, presidente de Sofofa, un lobby empresarial, pero se podrían debilitar los derechos de propiedad. Estos riesgos se ven agravados por el calendario político. La asamblea, que se elegirá el próximo mes de abril, deliberará mientras el país celebra elecciones presidenciales y legislativas en noviembre. Las promesas de campaña influirán en los redactores. Sin embargo, el peligro se reduce conel requisito de que dos tercios de la convención deben aprobar todas las cláusulas del nuevo documento. Lo más probable es que la centroderecha proempresarial y el pequeño grupo que todavía siente nostalgia por el gobierno de Pinochet tengan una minoría de bloqueo. Las nuevas demandas sobre el gasto público pueden ser controladas por reglas que protejan la estabilidad fiscal. El giro hacia más derechos sociales no será radical, predice Verónica Undurraga, profesora de Derecho en la U. Adolfo Ibáñez. Si loschilenos no logran reescribir su Constitución ahora, las demandas por radicalismo podrían crecer.