Estallido, sequía y covid: crisis medioambiental se convierte en un problema de Derechos Humanos

Desigualdad en salud, pensiones, educación y género fueron, en parte, los gatillantes del llamado “estallido social” de octubre de 2019 que congregó a miles de personas en las calles de nuestro país.

Pero a los ya mencionados factores se suma el conflicto socioambiental, específicamente el que está ligado al derecho humano al agua, que las investigadoras Javiera Calisto y Pía Weiber exponen en un capítulo del Informe Anual de Derecho Humanos en Chile 2020 de la Universidad Diego Portales, titulado “La crisis social también es ambiental: una mirada desde el conflicto de las aguas”. Documento que se lanzó este jueves.

En su artículo, las profesionales sostienen que “la explotación exacerbada de los recursos naturales y su denominada ‘privatización’; la contaminación, el abuso y la desigualdad en las cargas ambientales; el cambio climático, la falta de servicios sanitarios en ciertas áreas áreas rurales, y la dificultad de la ciudadanía para acceder a playas, ríos y lagos, han sido enunciados como algunos de lo problemas que explicarían el contenido socioambiental del estallido social”.

Ejemplo de lo anterior, señalan, es que la ONG FIMA identificó entre 2015 y 2019 que hubo “130 protestas masivas (…) asociadas a materias medioambientales, destacándose como los temas más controversiales el acceso al agua, la energía y la contaminación”. Además, agregan, “respecto al medioambiente fue uno de los valores más relevados en los Encuentros Locales Autoconvocados desarrollados durante 2016”.

Junto a las manifestaciones que se fueron gestando en las calles, en el plano judicial, también fueron aumentando los escritos que ingresaban a las cortes. “Entre agosto y septiembre de 2018, se presentaron ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso 12 recursos de protección con el objetivo de cautelar los derechos de los habitantes de la bahía de Quintero y Puchuncaví, debido a los diversos episodios de contaminación producidos por las múltiples industrias que conforman el Complejo Industrial Ventanas”, señalan Javiera y Pía.

Si bien estas acciones de protección fueron rechazadas por el tribunal de alzada de la V Región, fueron acogidos por la Corte Suprema quien determinó que “la autoridad ambiental habría incurrido en omisiones ilegales y conculcado los derechos a la vida, y a la integridad física y síquica, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el derecho a la protección a la salud”, señala el capítulo.

Pues bien, luego de un año de dictada la sentencia del máximo tribunal del país, las investigadoras recogen que “varias organizaciones ambientales y de derechos humanos han alegado que no se ha dado cumplimiento cabal de ella y que se mantienen las graves circunstancias de contaminación”.

Agua

En base al mapa de conflictos ambientales del Instituto de Derechos Humanos (INDH), actualmente se registran “117 conflictos ambientales, de los cuales el 44% se relaciona con el agua”, señalan. En tiempos de sequías, escasez hídrica, cambio climático y en un contexto de pandemia, “el adecuado y equitativo manejo, distribución y protección de este componente del medio ambiente, se hace más relevante”, apuntan.

Además, nuestro país posee siete de los nueve criterios de “vulnerabilidad al cambio climático identificados por Naciones Unidas (…). Esto se refleja en la mega sequía que desde hace más de diez años enfrenta Chile”, dicen, desde Coquimbo a la Región de Los Lagos.

Ya en 2015, detallan, que “110 acuíferos del país se encontraban con una demanda comprometida superior a su recarga y la DGA había dictado un total de 11 declaraciones de agotamiento en fuentes superficiales”.

Es por ello que para las académicas ha tomado un rol importante el concepto de “seguridad hídrica”, el cual guarda relación con el “acceso al agua en un nivel de cantidad y calidad adecuada (…) tanto para la salud, subsistencia, desarrollo socioeconómico y la conservación de los ecosistemas”.

Este tema, sostienen, fue escogido para su análisis porque “el marco constitucional existente se ha identificado como determinante en la regulación de los componentes del medio ambiente y en particular de las aguas”, señalan. Por eso, siguen, “incorporar el derecho humano al agua (…) se han presentado como una de las temáticas a discutir de cara a la redacción de una nueva constitución”.