30 / 04 / 2020
Pablo Viollier – La Segunda
Con justa razón, la comunidad científica ha reclamado mayor transparencia y acceso a los datos relativos al covid-19, pero en esta materia es importante hacer algunas distinciones y dejar de hablar de “datos” a secas.
Por un lado, tenemos los datos estadísticos o disociados: cantidad de infectados, recuperados, tasa de transmisión, etc. Esta información no refiere a individuos específicos, sino que a la población y su acceso es esencial para poder generar modelos predictivos, flujos de congestión y, en general, tomar decisiones basadas en evidencia. Su puesta a disposición de forma desagregada y anonimizada no solo facilita la labor de los expertos, sino que hace más transparente la actuación estatal, ayuda a despejar suspicacias y evitar la emergencia de teorías conspirativas.
Por otro, tenemos los datos de carácter personal, tales como la identidad de los contagiados, su domicilio y el contenido de su ficha clínica. El manejo excepcional de esta información es importante, por ejemplo, para controlar el cumplimiento de la cuarentena. Pero, al tratarse de datos altamente sensibles, quiénes pueden acceder y procesar estos datos debe estar estrictamente restringido.
Algunos parlamentarios pretenden entregar acceso a la identidad y domicilio de los contagiados a los alcaldes, para facilitar la fiscalización de la cuarentena. Como siempre, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, y la verdad es que los municipios no cuentan con la capacidad de resguardar y manejar con reserva información así de sensible. Solo la semana pasada fuimos testigos de cómo la casa de una familia en Vallenar fue apedreada por haber salido a la luz que eran covid-19 positivos.
Incluso algunos gobiernos pretenden hacerse de la geolocalización de las personas sujetas a cuarentena a través de la información en manos de las compañías de telecomunicaciones. Esta propuesta debe ser rechazada de plano, puesto que la ubicación calculada a través de triangulación de antenas simplemente no es lo suficientemente precisa y la cantidad de falsos positivos generaría más problemas que beneficios.
En definitiva, podemos discutir limitar parte de nuestra privacidad para combatir el covid-19, pero para ello la solución propuesta, primero, debe demostrar ser efectiva.