29 / 04 / 2020
Iñigo de la Maza – El Mercurio
Tras acogerse un recurso para eximir de ese ítem a los padres, parlamentarios advirtieron que estas solicitudes podrían extenderse a otras entidades.
Preocupación expresaron ayer los diputados Diego Schalper (RN) y Marcos llabaca (PS), tras conocerse la tensión entre apoderados y colegios por el cobro de mensualidades, controversia en la cual se ha debatido si el pago de estas se debe realizar en forma íntegra o no, a raíz de la suspensión de clases por la pandemia.
En ese cuadro, algunos padres han interpuesto recursos de protección para suspender los cobros mientras las lecciones no sean presenciales, como es el caso del que fue acogido por la Corte de Apelaciones de Temuco. El argumento jurídico que se ha invocado en estas acciones judiciales, según explican los legisladores, es que al tratarse de un caso fortuito de fuerza mayor, ello exoneraría del pago de obligaciones, o al menos de la responsabilidad contractual por la demora en los pagos.
En ese sentido, tanto Schalper como llabaca advirtieron ayer la necesidad de legislar en la búsqueda de solicitudes de no pago en otro tipo de instituciones. “Veo con preocupación que sino nos hacemos cargo de este problema a tiempo, pueda existir la tentación de algunos de extender este no pago a otros sectores”, señaló Schalper, quien añadió que un camino es dictar una ley especial como, dice, ha sucedido en países como Alemania.
“Hay que mirar el interés de las dos partes y entender que acá hay obligaciones, que se vinculan las unas a las otras”, concluyó el congresista RN.
Su par socialista, en tanto, destacó que “hay colegios, arrendatarios y personas que miran con temor el que se deje de pagar, porque dependen de eso para cumplir ellos mismos sus obligaciones. No podemos simplificar el problema, sino que debemos enfrentarlo en términos legislativos”. Visión de académicos Expertos, en tanto, coincidieron en la necesidad de evitar que se extrapole el debate por no pagar a otras instituciones, lo que podría ocurrir debido a la similitud de contratos con las universidades, por ejemplo. “Lo que subyace a este problema es que se puede identificar una cantidad enorme de contratos que se caracterizan por que la prestación de una de las partes es en dinero y la otra es la prestación de un Servicio sostenido en el tiempo”, explicó el abogado y profesor de Derecho Civil de la UDP, Íñigo de la Maza.
Mientras, el director del Departamento de Derecho Civil de la UC, Mario Correa, señaló respecto de los recursos jurídicos presentados, que “no es imputable al colegio esta situación. Lo único justo es que ambas partes hagan un poco de pérdida. Se debe buscar un equilibrio caso a caso”.