Advierten riesgos que corren los chinos traídos por presunta red de tráfico de inmigrantes

Francisca Vargas en El Mercurio

En la actualidad hay 203 de esos extranjeros en el país y no se sabe el paradero de 60. Trabajador a contrata de la Cancillería sería supuesto líder del grupo indagado.Abandono, riesgo para sus vidas y vulnerabilidad, en especial por el idioma, enfrentan los ciudadanos chinos que llegaron al país por una presunta asociación dedicada al tráfico de inmigrantes que fue desbaratada el sábado. Por este caso hay ocho formalizados; entre ellos, un funcionario a contrata del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Mijail Bonito, asesor de Migraciones del Ministerio del Interior, dice que este delito ‘atenta contra los derechos humanos’. ‘Pone en riesgo sus vidas y los abandonan a su suerte muchas veces o abusan de ellos’, advierte.

Agrega que en casos como el que se investiga, los inmigrantes ‘son engañados y caen en la irregularidad, lo que sumado a los pagos realizados aumenta su vulnerabilidad. El tráfico ilícito es el principal enemigo de una migración segura, ordenada y regular, pues atenta directamente contra estos tres principios’.

Bonito añade que tanto la fiscalía como Interior tienen protocolos para atender a las víctimas. Los hay también entre la Organización Internacional para las Migraciones y entidades estatales para abordar las experiencias traumáticas, como secuelas físicas o psicológicas.

El director nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, José Tomás Vicuña, advierte que ‘el tráfico de inmigrantes es uno de los negocios más lucrativos en el mundo, y eso tiene que despertar una alerta (…) en especial en Chile, donde aumentaron considerablemente los rechazos en la frontera, caldo de cultivo para las redes de tráfico’.

Pablo Rojas, vocero de la Mesa Intercultural Antofagasta, ciudad en la que los chinos habrían tramitado visas en el consulado argentino, opina que ‘la persona traficada sabe que va a ser traficada, por eso paga, y más o menos llega a un acuerdo con el traficante’. Señala que lo más grave es que ‘hay una corrupción de funcionarios de diferentes estados’.

‘Por ser chinos se encontrarían en una situación de mayor riesgo, porque deberían llegar a trabajar con un empleador de su misma nacionalidad. El no entender el idioma los deja más expuestos a vulneraciones de todo tipo’, sostiene.

Francisca Vargas, directora de la Clínica Jurídica de la U. Diego Portales, dice que ‘el tráfico de personas hay que perseguirlo con ímpetu, para desbaratar a las bandas que tanto daño provocan a personas y al país’.

Según la fiscalía, de los 381 ciudadanos chinos que llegaron al país, 178 cruzaron hacia Argentina y 203 viven en Chile. Entre estos últimos, 143 tienen residencia o la tramitan, y 60 están sin ubicar.

Diligencias

El fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte, Marcelo Carrasco, indagará si los extranjeros que llegaron con visa de turista tenían conocimiento de que estas eran ideológicamente falsas. Es una de las diligencias que hará dentro de los 90 días de plazo para la investigación que fijó.

Las ocho personas fueron formalizadas por los presuntos delitos de tráfico de migrantes, asociación ilícita y cohecho.

En la formalización, el Ministerio Público planteó que los imputados elaboraban cartas de empresarios para los ciudadanos chinos, invitándolos a venir a Chile para trabajar o hacer negocios. Se les cobraba US$ 5 mil para los trámites, y una vez que llegaban a Santiago, algunos eran trasladados a Antofagasta.

De acuerdo con los antecedentes conocidos en la formalización, el presunto líder de la agrupación sería Álex Brito, funcionario a contrata del Ministerio de Relaciones Exteriores. Según la página web de Gobierno Transparente, trabaja en Relaciones Exteriores desde 1987, en el área relacionada con ‘materias de coordinación regional’. Quedó con prisión preventiva.

Los otros imputados son: Álex Trigo, exgobernador de Choapa, quien sería el encargado de gestionar las cartas de invitación; Mauricio Navarro, exalcalde de Los Andes y exfiscal; Víctor Cáceres, exfuncionario de Relaciones Exteriores; Jessica Gumera, quien sería la agente de viajes con la que se habrían supuestamente concertado para las operaciones, y los ciudadanos chinos Xinli Huang, Wei Huang y Xinling Qin.

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