Carta al director de Angélica Torres y Danitza Pérez: “¿A quién protege el proyecto sobre denuncias falsas?”
Las investigadoras del Programa de Reformas Procesales y Litigación UDP abordaron en una carta al director los efectos que podría tener la iniciativa, especialmente en causas de violencia intrafamiliar y delitos sexuales.
17 / 08 / 2026
Angélica Torres, profesora de Derecho Penal e investigadora del Programa de Reformas Procesales y Litigación de la Universidad Diego Portales, junto a Danitza Pérez, docente de Derecho Procesal e investigadora del mismo programa, abordaron en la carta al director “¿A quién protege el proyecto sobre denuncias falsas?”, publicada por La Tercera, el proyecto de ley que busca sancionar las denominadas denuncias falsas y establecer un procedimiento especial para declararlas. Las autoras plantearon tres razones para analizar con cautela la iniciativa, comenzando por la falta de antecedentes que permitan dimensionar el fenómeno en Chile. “Se legisla, entonces, sobre un problema cuya magnitud no está establecida”, sostuvieron.
Uno de sus principales cuestionamientos apunta a la definición de denuncia falsa contemplada en el proyecto, al considerar como tal aquellas causas que terminan en absolución, sobreseimiento u otra resolución que las desestime. Torres y Pérez advirtieron que una denuncia puede no prosperar por distintas razones sin que necesariamente sea falsa, situación especialmente relevante en delitos sexuales y violencia intrafamiliar debido a sus dificultades probatorias. “Equiparar ‘no probado’ con ‘falso’ convierte cada causa desestimada en una mentira sancionable”, afirmaron.
Las investigadoras también cuestionaron el uso de la presunción de inocencia como fundamento de la propuesta. “La presunción de inocencia rige entre el Estado y la persona imputada, no entre quien denuncia y quien es denunciado. Invocarla contra la denunciante termina instalando una presunción de mala fe sobre quien acude a la justicia”, señalaron.
Finalmente, las autoras advirtieron sobre las consecuencias que la iniciativa podría generar para quienes recurren al sistema judicial. “El efecto es previsible: elevar el costo de denunciar”, sostuvieron, agregando que antes de avanzar en la tramitación de una propuesta de este alcance resulta necesario preguntarse “a quién protege realmente”.