Columna de Dominique Hervé y Verónica Delgado: Retrocesos ambientales en la Constitución

“Establecer el derecho de propiedad sobre las concesiones de bienes públicos implica, en definitiva, privatizar estos bienes, que corresponden a toda la sociedad chilena. Esto debilita la capacidad del Estado para cumplir efectivamente con su deber de preservar y proteger la naturaleza, y de garantizar el interés público involucrado en dicho objetivo”.

“La incorporación de un mandato de justicia ambiental al texto del anteproyecto significó un reconocimiento transversal a un marco mínimo de convivencia social. Su eliminación solo puede interpretarse como una decisión de invisibilizar las consecuencias de la inequidad, en vez de enfrentarlas”.

“La omisión de las obligaciones del Estado respecto de los efectos del cambio climático termina de convertir a este texto en uno anacrónico y aislado del contexto histórico en el cual se debe aplicar. Cuando todos los países unen esfuerzos por establecer legislación acorde a la crisis ambiental y climática que enfrentamos, la Convención está preocupada de eliminar cualquier obligación del Estado al respecto”.