Columna de opinión de Ester Valenzuela: Rebajas de condena: lo que el Estado le debe a la niñez

“Desde que se conoció el caso de los 56 decretos que rebajaron las condenas por violación y abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, el país discute sobre retroactividad penal, competencias ministeriales y responsabilidades políticas. Si bien esa discusión es legítima, ha terminado por eclipsar lo que realmente importa: los niños y niñas que fueron víctimas y que hoy ven a sus agresores en libertad sin que nadie les avisara ni los protegiera. Esta columna busca proponer soluciones para que esto no vuelva a ocurrir.

(…) Como primera solución propongo tomar en serio el Interés Superior del Niño. El artículo 7 de la Ley 21.430 exige que toda decisión que afecte a niños, niñas y adolescentes, ya sea de autoridades legislativas, judiciales o administrativas, considere primordialmente su interés superior y esté debidamente fundamentada. El artículo 3 de la misma ley establece que cuando una norma referida a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes admite más de una lectura, y la exclusión introducida por la Ley 21.421 es una de ellas, el intérprete debe preferir la aplicación más favorable a la vigencia efectiva del derecho conforme al interés superior, de forma prevaleciente y sistemática, absteniéndose de interpretaciones que afecten la esencia de esos derechos. Este principio también está consagrado en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y fue precisado por el Comité de los Derechos del Niño en su Observación General N° 14″.