Columna de opinión de Lidia Casas sobre atención a víctimas de agresiones sexuales: “GES 86: la garantía que existe en el papel, pero no siempre en la práctica”

Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, junto a Paola Contreras, directora alterna del Núcleo Milenio DIBASS, abordó en la columna de opinión “GES 86: la garantía que existe en el papel, pero no siempre en la práctica”, publicada por CIPER Chile, las brechas que persisten en la implementación de la Atención Integral de Salud en Agresión Sexual Aguda. Las autoras valoraron la incorporación de esta atención al régimen de Garantías Explícitas en Salud, pero advirtieron que todavía existen obstáculos que dificultan su acceso efectivo. “La garantía existe, pero la mayoría de quienes la necesitan nunca cruza la puerta que la activa”, señalaron.

Entre las principales dificultades, Casas y Contreras identificaron el plazo de 72 horas desde ocurrida la agresión para acceder al GES 86 y las diferencias territoriales en infraestructura, acceso oportuno y capacidad de respuesta de los establecimientos de salud. “El texto que garantiza la atención admite que la infraestructura para entregarla no está garantizada”, sostuvieron, advirtiendo que la calidad de la respuesta puede depender de la disponibilidad de salas de acogida y de equipos con formación específica.

Las autoras también cuestionaron la falta de información que permita conocer el funcionamiento de la garantía y realizar un seguimiento de las víctimas. “No hay un reporte oficial, periódico y desagregado que diga cuántas personas activaron la garantía, en qué hospitales, cuántas salas de acogida operan realmente y cuántas víctimas completaron el año de acompañamiento psicológico prometido”, afirmaron. Frente a este escenario, plantearon la necesidad de avanzar en infraestructura especializada, capacitación permanente, alternativas para quienes solicitan atención después de las 72 horas, mayor equidad territorial y datos públicos sobre su implementación.

Finalmente, Casas y Contreras vincularon estas brechas con la tramitación del proyecto “Escucha su corazón”, que propone modificaciones al procedimiento de interrupción del embarazo y que, a su juicio, podría sumar una nueva dificultad para las víctimas de violación. “Para una víctima de agresión sexual que ya debe sortear plazos de 72 horas, ser atendida en salas especiales ‘según disponibilidad’ y funcionarios sin formación específica, incorporaría en caso de un embarazo un trámite adicional que perfecciona nada: añade una barrera más, promueve un trato cruel e inhumano, al contrario de lo que el propio GES 86 busca garantizar: humanidad y no victimización bajo la mejor evidencia”, concluyeron.