Columna de opinión de Rafael Mery Nieto: “El colapso de un sistema de justicia que nunca imaginó que sería eficiente”
El director de Inteligencia Artificial y Derecho de la Facultad de Derecho UDP sostuvo que el problema no radica en la inteligencia artificial, sino en una infraestructura pública que aún no está preparada para un entorno de automatización.
04 / 08 / 2026
En una columna de opinión publicada por CIPER Chile, Rafael Mery Nieto, director de Inteligencia Artificial y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, analizó el reciente colapso de la Oficina Judicial Virtual del Poder Judicial tras el ingreso automatizado de cerca de 40 mil escritos judiciales por parte de un abogado.
En su análisis, el académico plantea que este episodio no evidencia una falla de la inteligencia artificial, sino las limitaciones de una infraestructura estatal concebida para un escenario en el que los usuarios eran exclusivamente personas. “La automatización funcionó tan eficientemente que permitió revelar, en pocos días, limitaciones estructurales que probablemente habrían permanecido ocultas durante años bajo un procesamiento manual. Esa es una de las virtudes de las tecnologías disruptivas: aceleran los procesos hasta hacer visibles las fragilidades del sistema”, afirmó.
Asimismo, Mery advirtió sobre los riesgos de orientar el debate hacia la prohibición de estas tecnologías. A su juicio, el desafío consiste en rediseñar las plataformas públicas para una realidad en la que interactúan personas y agentes digitales, incorporando mecanismos como autenticación robusta, monitoreo inteligente, límites de capacidad y reglas técnicas adecuadas.
El académico sostuvo que este caso anticipa una transformación profunda en el ejercicio de la profesión jurídica. “Un solo abogado logró realizar una tarea que, hasta hace pocos años, habría requerido el trabajo de un ejército de procuradores o de decenas de abogados jóvenes. La inteligencia artificial no creó esta vulnerabilidad. Solo llegó antes que la regulación, antes que la infraestructura y, sobre todo, antes que nuestra capacidad para comprender que la justicia digital del futuro no puede construirse sobre los supuestos tecnológicos del pasado”, enfatizó.
