Demandas contra el Estado se han disparado en 12 años y desembolsos fiscales rozan los US$1.000 millones, comenta Carlos Pizarro

Carlos Pizarro, profesor de Derecho Civil de la Universidad Diego Portales, señaló que el fenómeno admite múltiples lecturas. “No es una respuesta fácil”, afirmó el académico, quien señaló que el alza responde a un fenómeno “multifactorial”. A su juicio, uno de los focos más relevantes está en las demandas por violaciones a los derechos humanos, que actualmente se concentran en quienes reclaman indemnizaciones por torturas durante la dictadura, desplazando el énfasis que antes estaba puesto en detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.

Explicó que, en estos casos, la determinación del monto es “mecánica”, pues la información oficial está disponible y se trata de establecer el monto correspondiente. Un segundo foco, dijo, está en las demandas por negligencias médicas contra servicios de salud y hospitales, incluidos los dependientes de las Fuerzas Armadas. Pizarro lo vinculó a un cambio cultural: “La sociedad se vuelve más compleja y tolera menos la fatalidad”, lo que llevaría a las víctimas a “buscar un responsable” y a demandar al Estado cuando la negligencia ocurre en ámbitos administrados por este.

En el caso del MOP, el académico apuntó a contratos público-privados que se vieron afectados durante la pandemia por la falta de personal y el alza en los precios de los materiales. La jurisprudencia que estableció el deber de equilibrar esos contratos, sostuvo, derivó en que el Estado tuviera que asumir indemnizaciones adicionales. A ello se suman, según Pizarro, los litigios por expropiaciones —donde el Estado “va a la baja en la valorización del terreno” y los expropiados impugnan para obtener mejores precios por metro cuadrado— y las faltas del propio Fisco en la ejecución de obras, como la no entrega oportuna del terreno al contratista o las discusiones por obras extraordinarias.