El Mercurio | Trabajadores a contrata y honorarios que ganan más de $2 millones se triplican entre 2010 y 2018 – Jose Luis Ugarte

Cada cuatro años se presenta un escenario parecido. Unos toman sus cosas silenciosamente y salen al mercado para buscar un nuevo trabajo, mientras otros llegan al Barrio Cívico de la ciudad para asumir las tareas propias de la administración del Estado. Pero esta vez la instalación no ha resultado tan simple.

El martes 13 de marzo, cuando el Ejecutivo recién llevaba dos días en las oficinas del centro de Santiago, la Tercera Sala de la Corte Suprema madrugó a todo el mundo con un fallo que determinó que un trabajador que se desempeña a contrata por más de dos años pasa a tener una relación indefinida con el Estado. La resolución respondió al recurso de protección presentado por un trabajador de la Superintendencia de Valores y Seguros, cuya contrata había finalizado en 2017 y que, luego del fallo, debió ser reincorporado.

Días antes, el 9 de febrero, la entonces ministra subrogante de Hacienda, Macarena Lobos, había emitido un oficio a los ministros, subsecretarios, intendentes y jefes de servicios con el fin de materializar el traspaso de 8.000 trabajadores que se desempeñaban a honorarios a contrata.

Estos dos movimientos dan luces de un fenómeno que año tras año se va haciendo más claro: la consolidación de dos estados en paralelo, uno compuesto por los funcionarios de planta y otro por aquellos de confianza de las autoridades, bajo régimen de honorarios y contrata, que es donde el Estado empleador paga los mejores sueldos.

En la administración central trabajan 307 mil personas. Según datos obtenidos por Transparencia, de ellas, casi 184 mil lo hacen bajo régimen de contrata, que en términos simples es un esquema asimilable a un contrato a plazo fijo. Además, 83 mil lo hacen como parte de la dotación de planta y 36 mil a honorarios, que es el tradicional sistema de pago a través de boletas.

“El Mercurio” revisó los datos con los ingresos mensuales brutos de los trabajadores a contrata y honorarios de 23 ministerios que componen la administración central, más sus principales servicios vinculados, y constató que a marzo de este año había 8.731 profesionales y directivos que ganaban $2 millones o más al mes, cifra que equivale al 4% del total de personas que se desempeñaban bajo alguna de estas dos modalidades. El cálculo no incluyó a los funcionarios de planta, cuyos ingresos están determinados en una escala de sueldos fija y no por decisiones administrativas.

En 2014, el número de trabajadores de la administración central que ganaba $2 millones o más era de solo 6.010, equivalente al 3,8% del total. Y en 2010, era mucho menos numeroso aun: solo 2.892 trabajadores, equivalentes al 2,2% de la dotación a contrata y honorarios de ese momento.

Dicho de otra forma, entre 2010 y 2018, el número de trabajadores a contrata y honorarios que ganan $2 millones o más aumentó 202%. La inflación acumulada desde 2014 es de 15,3% y desde 2010, de 29,2%.

48 mil trabajadores regularizaron su situación

¿A qué responde este abrupto aumento en el número de trabajadores que ganan más de $2 millones al mes? Para el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Carlos Insunza, durante los últimos años se ha observado un importante aumento de la dotación de empleados a contrata -48 mil en los últimos cuatro años-, lo que se debe, primero, a la regularización de miles de trabajadores a honorarios que desempeñaban funciones permanentes. Esto, claramente, tuvo un impacto a favor de las personas que regularizaron su situación, lo que se expresa en más estabilidad y, generalmente, en ingresos más altos: “Se hizo un proceso para transparentar esta cantidad de honorarios, muchos de ellos bajo glosas presupuestarias que no correspondían a remuneraciones”, señaló.

Sin embargo, esta situación también tiene una cara no tan favorable: mientras la dotación a contrata muestra mejoras en sus salarios por decisiones administrativas o por la capacidad de esos profesionales para negociar salarios con criterios de mercado, los funcionarios de planta se rigen bajo una escala salarial fija, que solo se modifica a través de las negociaciones de reajuste general (una vez al año) o por la capacidad de presión de determinados gremios, como ocurre con el Registro Civil. Como consecuencia -agrega Insunza-, hoy se observa una creciente inequidad de condiciones laborales al interior del propio Estado, con un grupo de trabajadores con capacidad para negociar con sus respectivos jefes, por un lado, y otros, bajo una escala salarial que solo se mueve por ley.

“Los de planta están sujetos a un proceso de ascenso y de un procedimiento estipulado en la ley. En el caso de los a contrata, efectivamente depende de la voluntad o de las decisiones más administrativas de las autoridades”, afirma el dirigente del PC. A su juicio, se ha configurado “una necesidad de avanzar hacia una regulación única del empleo público, porque habiendo dos o tres procedimientos de regulación entre contrata, planta y honorarios, se producen inequidades que requieren ser resueltas”.

Para el profesor de derecho laboral de la Universidad Diego Portales (UDP), José Luis Ugarte, el Estado necesita ir hacia un sistema de contratación única, que combine mayor estabilidad que la que ofrece el Código del Trabajo (propio del mundo privado), pero con mecanismos de evaluación de desempeño reales.

Pese a que durante los últimos años el número de trabajadores del Estado -a contrata y honorarios- que ganan más de $2 millones ha aumentado casi al triple y hoy equivalen al 4% del total, todavía se observa una brecha respecto a lo que ocurre con el global de los trabajadores chilenos.

Según datos de la Superintendencia de Pensiones, el 8,6% de todos los empleados que cotizan en AFP tiene un sueldo bruto superior a los $2 millones mensuales.

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