Emol | Tribunales de Garantía declararon ilegal 3.996 detenciones en 2017: Cifra se duplicó en los últimos ocho años – Juan Enrique Vargas

“El sentido común indica que si hay dos personas que son controladas en un automóvil, que van con vidrios polarizados, que se encuentran con armamento, pistolas, revólveres, municiones, no pueden quedar en libertad”. Así, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, se refirió a la detención y posterior liberación de dos detenidos en San Antonio el pasado 29 de mayo, quienes cargaban un arsenal de armas en el maletero de un auto. Uno de ellos, Manuel Olivares Maldonado (56), tras volver a ser detenido, fue formalizado ayer por cinco delitos: tenencia ilegal de armas prohibidas, municiones, receptación (por un arma sustraída en un lugar no habitado), tráfico de armas y tráfico de drogas. Quedó en prisión preventiva. En su anterior orden de liberación, el juez de Garantía Juan Pablo Flores consideró que la detención había sido ilegal ya que, a su juicio, el allanamiento del vehículo se hizo sin una sospecha fundada de la ocurrencia de un delito.

La situación causó la molestia de distintas autoridades, entre ellas el Presidente Sebastián Piñera, quien catalogó de “grave” la situación, y que es necesario que “nuestros tribunales apliquen la ley”. Además, el Ministerio Público apeló a la resolución y el Gobierno presentó un recurso de queja contra el magistrado, quien sigue defendiendo su decisión. Sin embargo, este no es un hecho aislado. Así lo grafica las cifras entregadas a Emol por el Poder Judicial, en la que se señala que el año pasado se decretó ilegalidad de la detención en 3.996 imputaciones en los Juzgados de Garantía. La cifra, equivale al 1,2% del total de audiencias de control de detención celebradas en 2017.

Según explica el académico de la UDP, Juan Enrique Vargas, las detenciones se hacen en su mayoría por Carabineros y Policía de Investigaciones (PDI). En algunos casos aislados, se dan aprehensiones ciudadanas o por parte de Gendarmería. “La detención puede ser ilegal cuando no hay un delito flagrante, orden de detención o cuando en el procedimiento mismo no se cumplieron las formas legales, como los derechos”, explicó. De estos casi cuatro mil casos, en más de la mitad hubo formalizaciones. La acción “es simplemente una comunicación que hace el fiscal, a través de un juez, que va a investigar a una persona. En teoría, es un beneficio, porque así esta persona puede preparar su defensa. Distinto es la petición de medidas cautelares”, agregó Vargas.

Las detenciones catalogadas como ilegales han mostrado un importante crecimiento en los últimos ocho años, pasando de 1.759 casos en 2010, a 3.996 en 2017, lo que implica un alza del 127%. La mayoría de los casos se concentran en Santiago, San Miguel, Valparaíso y Rancagua. Discusión técnica Tras reunirse con el fiscal nacional, Jorge Abbott, para analizar los antecedentes del caso y revisión de los pasos seguidos por el Ministerio Público, Chadwick señaló que el juez Flores aplicó “un tratado internacional por sobre la legislación chilena. Yo creo que ahí existe un procedimiento y una resolución errónea”, aludiendo al pacto San José de Costa Rica.

Misma opinión tuvo la vocera del Ministerio Público, Marta Herrera, quien agregó que: “Nosotros consideramos que se trataba de un procedimiento de control de identidad que en definitiva cumplía con todos los estándares que la ley establece (…) No pedimos (la formalización) porque el juez ya dijo que para él primaba la Convención Americana de DD.HH. y por lo tanto los imputados quedaban inmediatamente en libertad” .

En tanto, el presidente de la Asociación de Magistrados, Álvaro Flores, señaló en entrevista con Radio Pauta que: “La gravedad de los resultados no justifica la ilicitud del procedimiento. Esto es bien difícil de comprender”, respaldando así el actuar de su colega. Por último, Herrera también explicó que: “Estamos viendo la posibilidad de que nuestros fiscales en las audiencias tengan acceso a la mayor cantidad de información posible. Tuvimos (en el caso de San Antonio) un problema respecto de los antecedentes policiales que llegaron mediante sistema con lo que llegaron en el parte físico”, concluyendo que de acceder “a toda la información”, “quizás podríamos minimizar que esos problemas ocurrieran”

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