27 / 04 / 2020
Javier Couso – La Tercera
Ventiladores, vacunas, lucha contra el cambio climático y la sequía. El trabajo científico es uno de los pilares del desarrollo mundial, que con el coronavirus ha tenido una inusitada importancia en el país, que hasta hace poco no contaba con un Ministerio de Ciencia. Ahora con la irrupción del Covid-19 surge la pregunta de si la actual Constitución da abasto al actual escenario mundial con respecto al rol, derechos y deberes del trabajo científico.
El 14 de abril un grupo de científicos de la Universidad de Harvard realizó una simulación del desarrollo de la pandemia del coronavirus en un sistema computacional: arrojó que éste será estacional, al igual que otras patologías, aumentando en meses de invierno. También indicaban que el distanciamiento social podría ser necesario hasta 2022.
También hace poco, Carolina Torrealba, subsecretaria del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (MinCiencia) anunció un fondo de $1.500 millones para fortalecer 29 laboratorios de 15 universidades y así responder a la demanda de diagnósticos.
Hay al menos 15 centros universitarios certificados en diagnóstico de Covid-19. Previo a eso, fueron revisados por el Minsal y certificados por la Subsecretaría de Redes Asistenciales y por el Instituto de Salud Pública. Están en 11 regiones, aportando 29 laboratorios. Cuatro son de regiones: de la Universidad de Atacama, la de Valparaíso, la de Magallanes y otro de Iquique.
Los ejemplos anteriores demuestran la relevancia que tiene la ciencia en no solo la investigación del impacto futuro del Covid-19, si no en el trabajo del día a día de hoy para ayudar en los diagnósticos de la pandemia más relevante en las últimas décadas. Por esta razón, dado que en medio año será el plebiscito por el apruebo o rechazo a una nueva Constitución, surge la pregunta de si lo que hay en la actualidad en la Carta Fundamental basta respecto a esta área o debieran realizar reformas o derechamente rehacerla. En Re:Constitución consultamos a constitucionalistas, expertos y a los propios científicos.
¿Una Constitución “lejana” a la ciencia?
La actual Constitución dice lo siguiente: “Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación (artículo 19, inciso 10)”. Además, en el inciso 25 se protege la propiedad sobre productos del trabajo científico y tecnológico ¿Es suficiente?
Javier Couso, abogado constitucionalista, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales opina que en derecho comparado, “mirando todas las constituciones del mundo (frente a lo que dice nuestra Constitución), no es mucho más allá de eso lo que se establece”. Agrega eso sí que podría existir un reforzamiento de libertad científica, “en el sentido de libertad de cátedra”. Couso explica que si bien en el actual texto está asegurada la libertad de enseñanza no está asegurada la de cátedra.
¿Por qué sería relevante? El abogado señala que “permite evitar que en universidades que tengan alguna adscripción confesional se prohíba la libre investigación científica”. Este reconocimiento “es un principio fundamental para el desarrollo de las ciencias”, dice Couso.
Lucas Sierra, investigador senior del Centro de Estudios Públicos (CEP), indica que lo señalado por la actual Constitución “me parece que es suficiente y en línea con otras constituciones como, por ejemplo, la española. Por lo mismo, quizás, parecen no haber formado parte del debate constitucional que hemos tenido. Hasta ahora, al menos”.
Una opinión distinta tiene Álvaro Ossa, director de Transferencia y Desarrollo de la Universidad Católica. Cree que la actual Carta Fundamental está “carente o lejana de los aspectos de la ciencia y tecnología”. Explica que la relevancia no es solo hacer investigaciones en universidades, si no que “debería estar de una forma más transversal dentro de una constitución”.
“Por ejemplo, los aspectos de educación, de formación de la ciencia y la tecnología debiera estar mucho más presente. Debiésemos incentivar una cultura de aspectos más científicos en los niños”. Ossa afirma que al largo plazo, entre los beneficios de esto, estará dejar de exportar materias primas y poder “diversificar nuestra economía”.
Asegura que “hay algunos países en donde le han dado mayor énfasis en términos constitucionales a los aspectos de ciencia y tecnología como por ejemplo Portugal”.
Agrega que en otros países se incentivan los desarrollos locales. Y pone de ejemplo la pandemia: “Si nosotros hubiésemos tenido la capacidad, hubiésemos generado incentivos para hacer desarrollos propios de ventiladores mecánicos, de materiales protección para los trabajadores de la salud. El escenario sería otro y no estaríamos dependiendo de producciones internacionales”.
Este último caso referido a los ventiladores ha provocado una polémica por las declaraciones del ministro de Salud Jaime Mañalich, quien semanas atrás afirmó que China donaría unos 1.000 ventiladores mecánicos. La cifra bajó con los días y este fin de semana el embajador de China en Chile, Xu Bu, señaló a La Tercera que no tenía la información al respecto. Más allá de la polémica, la pandemia ha hecho que entidades como la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago trabajen en la creación de ventiladores.
La subdirectora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo, Natalia González cree que es esencial y prioritario para el desarrollo de la innovación y de la ciencia que se garantice “el derecho a la propiedad industrial e intelectual” que existe en la actualidad (lo referido en el inciso 25 anteriormente). Afirma que no se verán mayores desarrollo tecnológicos o mayor experimentación “si no aseguras a grupos científicos, a privados, a organismo de la sociedad civil, que ese desarrollo y esta investigación no va a estar empatada por la propiedad industrial”.
González argumenta: “Diría que en casi todas las innovaciones científicas y tecnológicas el 80% es privado. Hay aportes estatales y de universidades, pero en general 80% del costo es privado. Entonces, debes permitir a ese privado con un sistema de patente, con un sistema de protección a la propiedad industrial (…). Al ignorarlo, sería ignorar los incentivos por los cuales se mueven las personas”.
Y afirma: “Está demostrado que los países que mejor protegen la propiedad, el derecho a la propiedad, y sobretodo la propiedad industrial, son los que tienen mayor desarrollo e innovación. Son los países que más emplean, como porcentaje de la población, a científicos”. Por esto opina que en una discusión por una nueva Constitución, “esto es un piso esencial y básico”.
El desconocimiento de los chilenos
El pasado 1 de octubre entró en funcionamiento de manera oficial el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Con esto, la nueva secretaría de Estado iniciaba su etapa de instalación que incluía la puesta en marcha de la Subsecretaría de Ciencia y el proceso de desconcentración territorial en cinco macrozonas.
Ese mismo mes se entregaron los resultados a la encuesta de Percepción Social sobre Ciencia y Tecnología en Chile realizada por Conicyt. Éste reveló por ejemplo, que las personas reconocían saber más de deportes que de ciencia.