Expertos analizaron aspectos legales tras irrupción de Uber y Cabify

Los académicos Nicolás Rojas (U. de Chile) y Juan Ignacio Contardo (UDP), discutieron los alcances reglamentarios de las nuevas aplicaciones que ofrecen transporte de pasajeros en Santiago.

La aparición de nuevas tecnologías que ofrecen servicio de transporte de pasajeros en las principales ciudades del mundo, fue el tema analizado en el conversatorio que organizó la Academia de Derecho y Consumo (ADECO) de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.

“Uber y Cabify versus taxis: ¿favoreciendo al consumidor o la competencia leal?” contó con las exposiciones de los académicos Nicolás Rojas (Universidad de Chile) y de Juan Ignacio Contardo (UDP), quienes junto a estudiantes de la Facultad de Derecho UDP, dialogaron en torno a la polémica generada tras la aparición de este nuevo servicio que compite con el transporte que ofrecen los taxistas tradicionales en Santiago.

Durante el conversatorio, los expositores dieron a conocer distintos puntos de vista en relación a las lagunas legales que presenta el actual sistema de transporte: sobre la seguridad y el resguardo de los pasajeros, la falta de fiscalización en el transporte público-privado y algunos aspectos legales relacionados con la aparición de nuevas tecnologías en el mercado del transporte en Chile.

En primera instancia, el académico de la Universidad de Chile, Nicolás Rojas, planteó que “existe una cierta laguna legal respecto a las normativas que regulan el transporte público en Chile y es ahí donde se estarían amparando Uber y Cabify”.

Planteó que la principal idea en este asunto es preguntarse “si el servicio que prestan esas empresas lo podemos calificar dentro de las definiciones que están en los textos de mayor nivel normativo como transporte público o transporte privado de pasajeros, porque según plantean los representantes de estas empresas,  ellos dentro del mercado actual de transporte de pasajeros, ofrecen un servicio fundamentalmente distinto a lo que existe actualmente”.

Por su parte, el director de la Academia de Derecho y Consumo (ADECO), Juan Ignacio Contardo, precisó que “uno podría decir que existe una laguna legal, pero no así una laguna normativa”. Señaló que “me da la impresión que esto no se reguló de manera orgánica, por lo que obviamente se generan algunos vacios porque no podemos precisar si este tipo de aplicaciones funcionan como transporte público o transporte privado de pasajeros”.

Otro punto a considerar tiene que ver con la escasa seguridad y la falta de fiscalización del transporte de personas en Chile, donde se estima que existe unos 25 mil taxis autorizados, otros 14 mil con patentes blancas y cerca de 10 mil automóviles que ofrecen servicios piratas de transporte de pasajeros en Santiago.

De acuerdo con el profesor Rojas, “los taxis son esencialmente inseguros en una ciudad como Santiago y en varias otras ciudades latinoamericanas, particularmente cuando el mercado está tan desregulado. En otros países, el mercado de taxis es controlado por empresas grandes que pueden responder ante un eventual accidente, cuestión que no pasa en el caso de los taxistas independientes en Chile”.

Rojas precisó asimismo que “el nivel de fiscalización de los taxis en Chile es bajísimo y, por lo tanto, la capacidad de fiscalización que ha tenido el Ministerio de Transportes en el caso de los taxis piratas es casi nula. En ese caso sería mucho más fácil fiscalizar a Uber porque ellos tienen control directo de dónde vienen los taxis que trabajan para ellos”.

Continuando con la arista de la seguridad, Contardo cuestionó la expertiz de los conductores de estas dos empresas porque “no se sabe si los conductores de Uber y Cabify poseen Licencia Clase A que es la que se les exige a los taxistas comunes”.

Asimismo, afirmó que “frente a un eventual incumplimiento del conductor o de la empresa  se hace bastante difícil poder seguir con acciones legales, porque eventualmente uno podría buscar soluciones mediante el Art. 43 que habla sobre la responsabilidad del intermediario en los servicios de consumo, mientras que en los taxis tradicionales resultaría más fácil porque sólo basta con anotar la patente del vehículo para poder eventualmente seguir con alguna acción judicial”.

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