Expulsión de extranjeros

Señor Director: Su edición del viernes 5 de junio da cuenta de un informe del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior (DEM) que identificaría como una de las dificultades que enfrenta la expulsión de extranjeros infractores de ley la interposición de recursos judiciales en su favor, manifestando luego su sorpresa porque esos recursos no sean interpuestos solo por organismos públicos (que, mal que mal, concede, cumplen un mandato legal, sino también por “organizaciones que presentan estos recursos para evitar expulsiones por razones ideológicas”, entre las que menciona a la Clínica Jurídica de la Universidad Diego Portales.

Se sabe que la legislación de extranjería es hoy objeto de debate y se puede entender, además, que el DEM vea en la defensa jurídica de una contraparte suya un obstáculo para su gestión, pero lo que escapa a entendimiento es que este, sin acreditar conductas indebidas, pretenda reprochar moralmente ni más ni menos que la asistencia jurídica para el ejercicio del derecho de toda persona a requerir la intervención de los tribunales de Justicia de conformidad con la ley. Hacerlo denota un desconocimiento profundo de lo que es un Estado de Derecho y de la función que en él le toca ala profesión legal, desconocimiento que, además de preocupante, resulta indigno de un organismo público que, como tal, se debe a la Constitución y a las leyes.