Pablo Viollier - La Segunda
27 / 07 / 2020
En una falta atronadora de rigor, varios intelectuales conservadores y libertarios han denunciado una supuesta cultura de la censura en redes sociales, donde “no se puede decir nada” sin ser acallado por el flagelo de la corrección política.
Esto es, por supuesto, absurdo. La libertad de expresión consiste en el derecho a emitir opiniones y recibir información por los medios que se estimen convenientes, no en el derecho a no ser refutado, increpado o eludir hacerse cargo de las consecuencias de los dichos propios.
Otros, más ponderados, han lamentado la supuesta degradación del debate público que se produce en estos servicios, a los que califican como espacios carentes de racionalidad y asediados por los linchamientos.
Estos reclamos pueden, en parte, estar basados en la realidad. Sin embargo, es importante notar que la emergencia de las plataformas digitales ha significado un cambio cualitativo en la capacidad de los individuos para expresarse, así como una democratización en la posibilidad de participar en el debate público. Es una fantasía esperar que esta apertura no conlleve ninguna consecuencia negativa. Por ello, lamentarse que la conversación en las redes sociales no se conduzca en los términos del debate epistolar de las cartas al director parece ser, más bien, una nostalgia elitista.
La saña, la ironía e incluso la mala educación (en la medida que no constituyan acoso o amenazas) son todas conductas desagradables e indeseables, pero que están amparadas por la libertad de expresión. Por el contrario, conductas como el racismo, el sexismo y la xenofobia (que afectan desproporcionadamente a sectores vulnerables y excluidos de la población) no son discurso protegido y deben ser activamente combatidas. Paradójicamente, se denuncia censura al ser víctima de lo primero, pero se invoca la libertad de expresión para justificar lo segundo.
Por último, es importante recordar que las figuras públicas, autoridades y ciertos funcionarios (respecto al ejercicio de su cargo), por el lugar que ocupan en el debate público, están obligados a resistir un mayor nivel de escrutinio y crítica por parte de la sociedad. Eso no siempre será agradable, pero es necesario para el sano funcionamiento de nuestra democracia.