Centro de Derechos Humanos - El Mostrador
19 / 10 / 2020
Este pasado viernes, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entregó un balance de la información obtenida a nivel nacional desde la base de datos de violaciones de los derechos humanos ocurridas en el marco de la crisis social. En paralelo, la Universidad Diego Portales realizó otro balance, analizando el año del INDH. Esto, porque la institución dirigida por Sergio Micco se convirtió en una de las protagonistas del estallido social, constatando en terreno las diversas violaciones de los DDHH que se cometieron desde octubre del 2019. En su informe, que cuenta con el relato anónimo de siete personas claves dentro del organismo, indican que “pese a las tremendas exigencias que el dramático momento impuso, fue capaz de ejercer sus facultades, pero que tensiones internas y problemas de diseño institucional afectaron también esa respuesta”. Sin embargo, no todo es color de rosa, ya que hay que solucionar los roces internos del consejo.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entregó este pasado viernes 16 de octubre un balance de la información obtenida a nivel nacional desde la base de datos de violaciones de los derechos humanos ocurridas en el marco de la crisis social. En específico, son todas las acciones judiciales presentadas por el INDH que catastran a víctimas que denunciaron hechos vulneratorios de DDHH, entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de marzo de 2020. En ese período, el INDH presentó un total de 2.520 querellas a nivel país.
La Universidad Diego Portales, en paralelo, realizó otro balance, analizando el año del INDH. Esto, porque el organismo dirigido por Sergio Micco se convirtió en uno de los protagonistas del estallido social, constatando en terreno las diversas violaciones de los derechos humanos que se cometieron desde octubre del 2019. Un año después, es posible asegurar, según el Informe de Derechos Humanos UDP 2020, que “pese a las tremendas exigencias que el dramático momento impuso, (el INDH) fue capaz de ejercer sus facultades, pero que tensiones internas y problemas de diseño institucional afectaron también esa respuesta”.
El estudio, llevado a cabo por Alberto Coddou, Tomás Vial y Vicente Aylwin, fue elaborado utilizando diversas fuentes que sirvieron, de manera complementaria, “para evaluar la acción de quien está posicionado institucionalmente para someter a escrutinio la acción estatal de acuerdo con estándares de derechos humanos”. Se realizaron 7 entrevistas a actores relevantes del instituto dirigido por Sergio Micco, cuya participación fue sometida a la aprobación del Comité de Ética en Investigación de la Facultad de Derecho de Universidad Diego Portales.
Uno de estos entrevistados –un consejero del INDH– dijo que “el INDH reaccionó, no permaneció pasivo y la reacción visibilizó las formas de vulneración a los derechos humanos. Ejerció las funciones que tiene, pero creo que no es la reacción perfecta, hay una serie de cosas que se pudieron hacer con más claridad”.
En esa línea, el estudio destaca la aptitud que tuvo el Instituto Nacional de Derechos Humanos de comunicar y visibilizar las violaciones de los DDHH, funcionando con un centro de monitoreo de lo que estaba pasando, presentando posteriormente denuncias y acciones judiciales. “Si bien las facultades del INDH son limitadas en relación con la recepción, procesamiento e investigación de quejas individuales, en los hechos, ejerció fuertemente dicho rol”, agregan.
Sin embargo, “la crisis social hizo emerger una serie de problemas y tensiones internas que aquejan desde hace tiempo al INDH, y que podrían tener alguna relación con su capacidad de reacción, pero que, además, develan ciertos problemas de diseño institucional y permiten abrir la discusión respecto de su arquitectura institucional de cara al proceso constituyente”.
Entre las conclusiones del estudio, los autores destacan que “el rol del INDH fue particularmente relevante para prevenir algunas violaciones a los derechos humanos, especialmente a partir del constante monitoreo y observación del ejercicio del derecho de reunión, y del uso de sus atribuciones legales para controlar el adecuado cumplimiento de los estándares constitucionales para el respeto del derecho a la libertad personal y seguridad individual”.
Además, aseguran que se pudo “constatar la gran cantidad de acciones judiciales iniciadas por la Unidad de Protección de Derechos, que se desplegó en todo el territorio nacional, conformando una vasta red de colaboradores formales e informales que contribuyeron en la recopilación de antecedentes y eventuales pruebas que puedan ayudar al ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, contribuyendo decisivamente a la búsqueda la verdad, justicia y eventual reparación de las graves violaciones ocurridas”.
“En términos generales, podemos decir que el INDH estuvo a la altura de las difíciles circunstancias, sobre todo considerando la delimitación de sus atribuciones legales y la falta de recursos, factores que no impidieron el ejercicio adecuado de su mandato legal”, subrayan.
El informe también habla de una posible constitución de una Comisión de Verdad. Si bien esta podría ser una instancia positiva, según estiman algunos funcionarios del INDH, existen ciertas aprensiones respecto a que su creación conlleve un reemplazo de justicia por verdad.