“Judicial vs administrativa: lo que existe y lo que se propone para alzar el secreto bancario en Chile”, comenta Sergio Alburquenque

Sergio Alburquenque explicó a este medio que “el alzamiento del secreto bancario de forma judicial, como su nombre lo indica, supone una autorización previa de algún órgano jurisdiccional (tribunal), sin que los órganos de la Administración del Estado puedan acceder directamente a la información protegida por el secreto ni los bancos puedan entregarla sin que se les exhiba dicha autorización”.

“Si al analizar los ROS, la UAF detecta señales indiciarias de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, remite uno o más Informes de Inteligencia Financiera al Ministerio Público, única institución responsable de investigar y perseguir penalmente ambos delitos. Esta última institución puede acceder a la información bancaria previa autorización de un juez de garantía. Dependiendo del caso, la autorización del juez puede demorar días o meses”, indicó.

Para el académico, “los riesgos de un alzamiento administrativo son la eventual vulneración de derechos, especialmente si la habilitación abre un amplio margen de discrecionalidad a la Administración”. No obstante, apuntó a que “este riesgo puede atenuarse con una adecuada regulación que contemple exigencias como que la información debe ser indispensable, la solicitud debería estar fundamentada y, cuando sea procedente, la persona debería ser notificada del alzamiento del secreto bancario”.