La Segunda | “Dificulto un fallo del Tribunal Constitucional muy pro inmigrante” – Javier Couso

Un resultado difícil de predecir —a juicio de abogados y profesores universitarios— tiene en el Tribunal Constitucional el requerimiento de inconstitucionalidad en contra el decreto migratorio del Gobierno, que dificulta la llegada de haitianos. Dictado el 9 de abril de este año, impone la obligación de contar con visa consular de turismo a los ciudadanos de ese país que quieran viajar a Chile.

Contra la medida, 46 diputados de la oposición presentaron un recurso ante el TC, argumentando que atropella derechos constitucionales.

“Respecto a la plausibilidad o no de esta impugnación estamos bastante a ciegas porque el TC no es un tribunal que persiga de manera consistente sus propios precedentes” indica el profesor de la UDP Javier Couso.

Francisco Zúñiga (U. de Chile), concuerda: “Es difícil predecir el resultado porque la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido ambivalente”.

Sin embargo, para Ignacio Covarrubias —abogado constitucionalista de la UDD— “la viabilidad existe siempre y cuando se encuentre que el acto administrativo pudo haber sido mejor fundamentado”.

El núcleo de la objeción al decreto contra los haitianos —que patrocina Patricio Zapata— radica en su carácter discriminatorio. Indica que el Gobierno no ha podido ofrecer antecedentes que justifiquen que a dichas personas se les conceda un trato objetivamente peor que a los nacionales de Venezuela o Colombia.

“La idea es que el Gobierno haga el esfuerzo de entregar antecedentes fundados que expliquen el doble estándar o que establezca una política general”, explicó Zapata en una columna en La Tercera.

“Será un fallo decisivo”

A juicio de Couso el resultado, “va a ser un fallo bastante importante en una materia que es muy poco común porque ¿hasta qué punto personas, en particular aquellos que son extranjeros que no viven en Chile, gozan de derechos constitucionales cuando postulan a una visa estando afuera?”.

Distinto —explica— es el caso de aquellos “que estando en Chile, por ejemplo, están enfrentando una potencial expulsión. Estamos ante una situación relativamente inédita en sede del TC, por lo tanto será un fallo decisivo en especial para la ley que se va a discutir en el Congreso”.

Agrega que si el decreto se declara inconstitucional “es probable que el legislador tome muy en serio los considerandos que tuvo el TC si es que da lugar a la objeción de estos parlamentarios”.

No obstante destaca que el TC “en los últimos ingresos que ha tenido se ha volcado más hacia un pensamiento más conservador en lo jurídico. Entonces podría haber una sorpresa, pero yo dificulto un fallo que fuera muy liberal o pro inmigrante”.

Ignacio Covarrubias añade que “siempre existe esa posibilidad de que el TC diga a esto le falta fundamento, pero hay argumentos en el sentido contrario porque existe la necesidad de regular el tema. Si el Gobierno en su contestación ante el TC, entrega mayores antecedentes la situación podría serle más favorable”.

Reconoce que “llama la atención que el decreto esté centrado sólo en los haitianos, porque esto también se puede aplicar a otros inmigrantes. Ahí podría haber una diferenciación no suficientemente fundada. El fin es legítimo, pero quizás no está suficientemente dicho porqué se pone el acento en los haitianos y no en otros que podrían caer en la misma situación”.

Una manera de que el TC podría resolver, dice, “es entender que no hay una afectación grave a los derechos de entrar al país, que lo que está en juego no es el derecho de libre movimiento”.

“Por supuesto que esto, en caso de acogerse, sentaría un precedente sobre cuáles son los criterios que tienen que tomarse en consideración para preferir fundadamente dar más facilidades a un grupo de migrantes que a otro grupo”, precisa.

Zúñiga, indica que el requerimiento “podría no prosperar si el tribunal estima de que los requirentes no están cuestionando el decreto supremo que establece el visado, si no la disposición de la ley de extranjería que permite a la autoridad imponer este tipo de visados”.

Pero de ser validado, concluye, “podría generar un precedente para la ley al indicar que una disposición en la ley de extranjería —que permite este tipo de visados— no sería acorde a la Constitución”.

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