La Segunda | Los cinco expertos que fiscalizarán los US$ 12.000 millones comprometidos en el litio – Juan Enrique Vargas

Cinco personas estarán a cargo de supervisar el cumplimiento de los millonarios contratos existentes en torno al Salar de Ata-cama por la extracción del litio y que reportaran millonarios ingresos para el Estado por las próximas dos décadas.

El denominado Comité del Litio estará presidido por la abogada de la UC (doctora en Economía en Reino Unido y master en tributación internacional) María Elina Cruz, quien desde hace algo más de un mes es la fiscal de Corfo y la primera mujer en asumir ese cargo en los 78 años de vida de la entidad.

Este nuevo comité, estará compuesto además por cuatro expertos:

•Sebastián López Escarcena, abogado de la Universidad Católica y Director del Departamento de Derecho Internacional de esa misma casa de estudios.

•Max Spiess, abogado (UC) del estudio Baraona Fischer & Spies, magister en Derecho (U. of Virginia School of Law) y experto en mercado de capitales, financiamiento y fusiones y adquisiciones.

•Juan Enrique Vargas, ex decano de derecho de la U. Diego Portales y candidato a Fiscal Nacional en 2007 y 2015. Hoy es director y socio fundador del Centro Nacional de Arbitrajes.

•Teodoro Wigodski, ingeniero civil industrial de la U. de Chile, director de empresas, experto en gobiernos corporativos y vicepresidente del Panel Técnico de Concesiones.

Millonario portafolios

Más de US$ 12.000 millones en proyectos y recursos, aportados a Corfo y el Fisco, deberá supervisar el nuevo Consejo del Litio. Ello teniendo en consideración el complejo equilibrio ecológico del Salar de Atacama, que se ha constituido en una de las principales zonas de extracción de litio del mundo y en la más rentable.

En ese contexto, este nuevo consejo deberá poner énfasis en tres grandes planes circunscritos o derivados de la explotación del salar: la operación de la estadounidense Albemarle (con un contrato hasta 2043), las faenas de la chilena SQM (con una concesión hasta 2030) y los contratos derivados de ambas operaciones para la industrialización del litio a nivel local.

Cada uno de estos procesos enfrenta diversas complejidades según sus respectivos contratos con Corfo. En el caso de SQM, que expandiría su producción anual al menos a 216 mil toneladas al 2025 y generaría recursos adicionales para el Estado por US$ 8.300 millones, la nueva institucionalidad de Corfo deberá analizar el cumplimiento de las cuotas de extracción de aguas y salmueras desde el salar y el cumplimiento de sus respectivos permisos ambientales.

En el otro frente, con Albermarle el Consejo debe ratificar las inversiones comprometidas por la empresa, que comprenden US$ 600 millones en la ampliación de su operación y la construcción de nuevas instalaciones para elaborar de productos de alto valor. Todo unido a la verificación de los niveles de eficiencia comprometidos por la compañía.

También el Consejo del Litio deberá evaluar los precios de exportación del litio de Albemarle de forma que no impliquen subsidios (por menor costo) a sus filiales en el exterior. Todo en medio de un contrato donde se estima que el Estado va a recibir US$ 2.700 millones entre 2017 y 2043, más US$ 12 millones anuales para un Centro de Desarrollo Tecnológico Minero-Solar y el reparto de un 3,5% de las ventas de litio de la compañía a las comunidades en torno al salar.

A esto se sumarán los US$ 754 millones que se estima invertirán las tres empresas seleccionadas (Molymet, el consorcio de Samsung-Posco y Sichuam Fulin Industrial) para industrializar parte del litio extraído por SQM y Albemarle.

Debido a esta nutrida agenda en torno al litio del Salar de Atacama, es que al cierre de esta edición el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Sebastián Sichel y el Ministro de Economía, José Ramón Valente, asistían a la comisión investigadora de la Cámara que analiza el nuevo contrato firmado entre la estatal y SQM.

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