La Tercera | Reposicionar Justicia – Juan Enrique Vargas

Pareciera haber bastante consenso sobre los temas a los que debiera abocarse el Ministerio de Justicia (Minju) en la nueva administración. La prioridad evidente es la infancia, pero también habrá que dedicarle especial atención al tema carcelario y avanzar de una vez en las reformas a la justicia civil, con especial foco en el acceso a la justicia.

Para ser exitoso en tan importantes y complejas materias resultará fundamental la cantidad de capital político que logre acumular este ministerio. He ahí probablemente el principal desafío para el nuevo ministro Larraín. Tradicionalmente al sector justicia no se le asignó mucha importancia y, por lo mismo, tampoco la tuvo el Minju. Sin embargo, con el retorno de la democracia, por la relevancia que cobró el tema derechos humanos y gracias a una agenda potente de reformas, particularmente la procesal penal, el sector salió de tal marginalidad y pasó a convertirse en uno relevante, lo que se tradujo no solo en mayor atención pública y acceso a recursos, sino también en capacidad de acción política.

Pero en cosa de pocos años esa situación se revirtió. Se dejó de controlar las reformas ya iniciadas, prueba de lo cual es que nunca hubo una evaluación pública de la procesal penal, pese a que es uno de los principales cometidos de la Comisión de Coordinación que dirige el Ministerio. Nuevas reformas que se intentaron presentaron serios problemas de implementación, particularmente la de familia. Al mismo tiempo, otros temas claves del sector quedaron postergados, como el de los notarios o el Código Penal; o si hubo cambios fue gracias a que otras reparticiones los tomaron, relegando a Justicia, como ocurrió con el sistema concursal y los tribunales tributarios. Coincidentemente, el Ministerio se convirtió en coto de un partido menor de la coalición gobernante. No hay mejor prueba de la intrascendencia alcanzada por el Ministerio que lo sucedido en los últimos días de la anterior administración. Según nos hemos ido enterando, el ministro ya ni siquiera decidía en los asuntos propios de su cartera: se le ordenaba cambiar nombramientos ya hechos y se le trataba de imponer decretos redactados no se sabe por quién, pero claramente no por él.

Incluso más grave fue su total ausencia en la mayor crisis del sistema de persecución penal por la que haya pasado el país. Ni una opinión salió del Ministerio sobre el caso Huracán. Podría ser razonable que no haya querido pronunciarse sobre la falsificación de pruebas, más que mal es una cuestión sujeta a la Justicia, pero jamás debió haber dejado pasar la insubordinación de Carabineros frente al Ministerio Público y mucho menos el apoyo que le brindó el Ministerio del Interior. Con mayor poder y decisión perfectamente podría haber hecho algo el ministro Campos, cuya actitud contrasta con la que asumió el ministro Barraza en el mismo caso, aunque su repartición haya estado bastante más alejada de estos temas. Para impulsar una agenda política potente se requieren no solo buenas ideas, sino también peso específico. Realmente ambas cosas han faltado en los últimos tiempos en el sector Justicia

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