17 / 12 / 2019
Es preocupante la polémica que ha desatado el llamado proyecto de ley “antisaqueos” (Boletín N° 13.090), recientemente despachado por la Cámara de Diputados y en actual tramitación en el Senado. Lo es porque, al margen de sus posibles defectos técnicos o de la legítima discusión sobre la conveniencia de sus alcances concretos, lo que ha acaparado el debate es la afirmación de ciertos actores sociales en cuanto a que constituiría un intento por “criminalizar la protesta social”, es decir, que con él se estaría criminalizando el legítimo ejercicio de derechos fundamentales.
La crítica ha tenido eco en algunos medios y en el entorno legislativo ha provocado tanto sentidos ejercicios de autocrítica pública de algunos diputados como afirmaciones tajantes de senadores en orden a enmendar los horrores de la iniciativa.
Todo esto es desconcertante para cualquiera que lea el texto aprobado por la Cámara con mínima ecuanimidad. Por cierto, se puede acusar en él una serie de defectos técnicos o de concepción, lo que, dicho sea de paso, no es extraño en nuestra práctica legislativa. Sostener, sin embargo, que sirve a la represión de formas legítimas de protesta que, precisamente por su legitimidad, no pueden constituir delito, y que, además, esto sería inédito en nuestro ordenamiento jurídico, es sencillamente ridículo.