Francisca Vargas - El Mercurio
20 / 01 / 2021
Señor Director:
En su columna de ayer, el subsecretario Galli y el jefe del Departamento de Extranjería y Migración, Bellolio, aseguran que la nueva Ley de Migraciones, hoy en el Tribunal Constitucional, busca expulsar rápidamente a femicidas y sicarios, y que diputados y diputadas requirentes estarían contra ello. Me pregunto si esto se debe a que no leyeron el requerimiento o a un afán político y necesidad de reconocimiento.
Lo cierto es que la acción ante el TC no cuestiona que la autoridad pueda expulsar a delincuentes, sino que se afecte el derecho a debido proceso de personas en situación de vulnerabilidad, quienes no han cometido delitos. Es decir, todas y todos queremos que el femicida mexicano reciba la sanción que merece, pero no que a “doña Daisy”, que no ha cometido delito alguno, se le reconduzca a su país de origen, tras haber caminado kilómetros en estado de desnutrición con su bebé y habiendo sido rechazada en la frontera, sin una oportunidad de exponer su situación.
Como abogada, me sorprende además que las autoridades mencionadas planteen en su carta cuestiones ausentes del requerimiento en el TC (como la visa de búsqueda de oportunidades laborales), además de extremar y caricaturizar los argumentos.
Asegurar que estas acciones buscan una migración y libre tránsito sin límites ni control es una falta grave a la verdad y a la probidad. Todos y todas queremos límites y control, pero con un apego irrestricto a la Constitución y a los estándares de derechos humanos.
Francisca Vargas Rivas
Directora
Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados