Lidia Casas: “Cuando denunciamos un abuso, las mujeres somos tratadas como sujetas altamente sospechosas”

El debate sobre si debe o no haber perspectiva de género en casos judiciales de abuso sexual está hace años en una puerta giratoria. Según la académica e investigadora Lidia Casas, el problema principal de que no exista una mirada de género en este tipo de casos es que habitualmente “se desplaza la responsabilidad del agresor hacia ella, y entonces se arma la idea de que ‘ella se buscó el abuso’”.

“¿Por qué se prefiere la perspectiva de género y no la justicia y el equilibrio?”. Esa fue una de las interrogantes con la que respondió el abogado Gaspar Calderón, defensor de Martín Pradenas -imputado por abuso sexual-, al fiscal a cargo del caso, Miguel Rojas. El fiscal, minutos antes, dijo en plena audiencia de formalización de Pradenas, donde había cientos de personas siguiendo la transmisión en línea, que la persecusión penal debía, idealmente, encaminarse hacia la perspectiva de género.

El mismo día de la formalización, el pasado 21 de julio, hubo un cacerolazo en distintos puntos del país porque Pradenas quedó con arresto docmiciliario. Las agrupaciones feministas encendieron el tema de género en investigaciones de abuso sexual en las redes sociales y una semana más tarde, tras una apelación de la Fiscalía Regional de La Araucanía, la Corte de Apelaciones de Temuco ordenó la prisión preventiva de Pradenas.

El tema sobre la perspectiva en que se abordan los casos de abuso sexual no es nuevo. Casos como el de Nabila Rifo y actualmente el de Antonia Barra -por el que está formaliazdo Pradenas-, han hecho resurgir esta conversación que desde hace años – desde que explotaron los casos de abuso sexual en Chile y con más fuerza cuando ocurrió el #MeToo-, según la abogada y directora del Centro de Derechos Humanos UDP, Lidia Casas, ha ido permeando y tomando protagonismo no sólo en la ciudadanía, sino que también en Fiscalía, en la Defensoría Penal Pública y el Poder Judicial. “Van lento, pero han tomado cartas en el asunto”, dice ella.

-Sobre cómo se ha desarrollado en términos judiciales el caso de Antonia Barra, ¿qué diagnóstico hace usted sobre el sesgo de género en las causas judiciales de abuso sexual?

-Este no es un problema que aqueja sólo al sistema penal. Uno puede mirar materias de género en materia de familia, en materia laboral, en justicia constitucional -claramente- y penal. En la penal se agudiza por el tipo de agravio y de situaciones en que mayormente las mujeres somos víctimas; ya se de violencia doméstica por parte de una pareja o bien de delitos sexuales, donde hay una unidireccionalidad. Es decir, normalmente de hombres hacia mujeres, sino que también respecto de la prevalencia donde la mayor parte de estas víctimas son del sexo femenino. Ahí yo creo que primero hay que identificar este primer foco que escapa del sistema penal. Eso es parte del diagnóstico. Cuando se considera que hay una falla sólo en el sistema penal se pierde una clara perspectiva de un problema harto más estructural.

-¿La perspectiva de género entonces debiese ser extendida a diversas materias, no sólo cuando llega a la justicia?

-Exactamente. O sea, uno puede mirar desde cómo se investigan las denuncias por acoso psicológico o acoso moral, acoso sexual al interior de la Inspección del Trabajo como un ejemplo de ello. Incluso las instancias administrativas. Tendemos a pensar sólo en jueces. El punto es que el sistema judicial está constituido por un conjunto de actores. En ese conjunto de actores están los fiscales, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública (DPP), que cumple un rol fundamental, pero también los litigantes, los abogados privados. El Ministerio Público creó una unidad específica y la DPP se metió con una perspectiva de género fundamentalmente en la atención a sus usuarias. Es decir, mujeres que están en conflicto con la ley. Entonces ellos también han articulado una mirada de género cuando les toca defender a mujeres al interior del sistema. Pero les cuesta esa dualidad cuando a su vez ellos tienen que recurrir a la defensa de imputados en violencia de género. En el caso de Nabila Rifo y de Antonia Barra está pasando eso. Son cosas que internamente están generando mucho debate.

-Eso se acerca a lo que dijo el fiscal del caso de Antonia Barra: que es necesario que hubiese una perspectiva de género preponderante a la hora de analizar los hechos. En la práctica y en lo inmedito, ¿cómo puede aplicarse aquello?

-El punto aquí es que en este tipo de delitos de alguna manera se invierte a quien se enjuicia. Calderón, el abogado de Pradenas, fue súper claro en eso: él dijo que aquí no tiene nada que ver la perspectiva de género, que ésta es una mirada sesgada, que no otorga equilibrio y que el sentido de la justicia, en cambio, es la verdad. Lo que el abogado Calderón está diciendo con eso es que para él nunca ha sido problemática la forma en que se han investigado o cómo se desarrolla la justicia en cierto tipo de temas. Y por lo tanto, como no se lo cuestiona, cualquier cambio del status quo él los rechaza. Él, en el fondo, no es capaz de ver la discriminación que tiene el propio sistema.

Cómo el paso a paso desde que se denuncia un abuso sexual o violación hasta el desarrollo y fin del caso es un tema cíclico que cada cierto tiempo, con casos como el caso Karadima, el caso de Lisette, la niña que murió en un Sename, con Nabila Riffo y ahora con Antonia, vuelven a tocarse y siempre es desde el punto de vista de cómo se trata a las víctimas. ¿Cree usted que el sistema expone a las víctimas o es simplemente parte del proceso?

-Esta discusión no es de ahora. Si uno mira incluso antes de la instalación del sistema procesal penal, buena parte de las normas penales estaban pensadas en poner atención en las características de la víctima. Es decir, una víctima tiene que ser lo que yo he denominado “una víctima ideal para el sistema”.