El académico, abogado de esta Casa de Estudios, es profesor titular de la Facultad de Derecho y director del Programa de Reformas Procesales y Litigación de la UDP. Duce además es Magíster en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Stanford, California.
07 / 04 / 2021
Actualmente, es parte de un grupo de expertos que propone e impulsa una reforma a Carabineros de Chile. Desde 2017 y hasta 2019 fue presidente ejecutivo de Espacio Público. Con anterioridad fue director de programas del Centro de Estudios de la Justicia de las Américas y asesor del Ministerio de Justicia en materia de la reforma procesal penal. Además, es autor de numerosas publicaciones en Chile y en el extranjero sobre justicia criminal, sistema procesal penal, justicia penal juvenil y nuevas metodologías de enseñanza del derecho y profesor invitado en diversas universidades de Estados Unidos, Europa y América Latina.
En esta entrevista se refiere a las investigaciones que le han permitido opinar y abogar por políticas y reformas basadas en la evidencia.
“Lamentablemente, en Chile, en materia de política criminal, en políticas de seguridad, hemos actuado muy intuitivamente, sin base empírica, sin considerar experiencias positivas o negativas y la experiencia comparada, tampoco hemos hecho un esfuerzo por evaluar aquello que implementamos. Esto nos ha llevado a muy malas políticas públicas, de baja calidad, que en cualquier otra área del Estado serían inadmisibles, por ejemplo, en el área económica, de vivienda o salud, entre otras. Es por eso que resulta indispensable estar reiterando permanentemente la necesidad de utilizar evidencia y basar en evidencia nuestros diagnósticos y la formulación de nuestras propuestas de políticas en el sector justicia y seguridad”, asegura el académico.
¿La academia se está haciendo cargo de otorgar la evidencia necesaria que requieren las reformas? ¿Cuáles son sus limitaciones?
En el área judicial históricamente la academia chilena ha sido muy reacia a trabajar con evidencia empírica y analizando la realidad. Afortunadamente, este es un fenómeno que se ha venido revirtiendo en el último par de décadas. Contamos con un grupo de académicos que intentan mirar el funcionamiento práctico del sistema judicial que antes no teníamos. En el caso del área de la seguridad, hoy en día hay un grupo mucho más grande de gente que tiene formación criminológica que, precisamente, ha incorporado esta perspectiva. Por lo que, si bien, la academia había hecho un aporte más modesto del que uno esperara, la situación se ha venido revirtiendo fuertemente en el último tiempo. Lo que ocurre, sin embargo, es que todavía se presentan enormes dificultades de acceso a la información que permitan mejorar el aporte académico y que los tomadores de decisiones en el área de seguridad entreguen un espacio real a este aporte, ya que en la práctica consideran muy poco la opinión de la academia en los temas que se discuten.
Una de sus más recientes investigaciones es sobre controles preventivos de identidad. ¿Por qué le pareció importante tomar este tema y cuáles fueron sus principales resultados?
Esta investigación se generó dado que este ha sido un caso ejemplar donde se han llevado a cabo muchas reformas sin evidencia alguna o en desconocimiento de la evidencia disponible. Lo que intentamos realizar con el profesor Ricardo Lillo fue tener un diagnóstico más fino acerca de cómo estaba operando en la práctica e intentar evaluar si los controles de identidad eran ejercidos de una manera discriminatoria respecto de ciertos grupos sociales y si eran eficaces a la luz de los objetivos para los cuales fueron creados. Nuestros hallazgos muestran que el uso de los controles de identidad ha aumentado exponencialmente en Chile. Hemos pasado de un promedio de 2 millones al año el 2015, a cerca de 7 millones y medio de controles el 2020 como producto de una reforma introducida el año 2016, lo que en tasas por mil habitantes en Chile, hoy día, esta es una facultad que se ejerce con una frecuencia cercana a los 400 por cada mil habitantes, desconocida completamente en el derecho comparado. Descubrimos también que la reforma del año 2016 ha promovido que el 95% de esos controles sean los denominados preventivos que son los menos eficaces. Todos los controles de identidad son poco eficaces para sus objetivos, pero particularmente los controles preventivos son menos de la mitad y, en años más recientes, menos de un tercio de eficaces que los otros controles de identidad que ya existían antes de esta reforma. A su vez, la investigación nos permitió demostrar que existen antecedentes que sugieren que en el uso de los controles de identidad habría un uso estadísticamente discriminatorio en contra de mujeres, extranjeros y personas que habitan en las comunas de menos ingresos, en comparación con las personas que habitan en comunas de mayores ingresos. En consecuencia, hoy tenemos un uso intenso de una facultad que sirve poco en materia de seguridad y que genera enormes problemas para la vigencia de derechos fundamentales de las personas, que valga la pena decir, está siendo fuertemente cuestionada por cortes internacionales de protección de derechos humanos.
En cuanto a su investigación en torno a la literatura internacional, ¿ha podido estudiar este tema? ¿Cuál es la mirada comparativa?
La experiencia comparada es clave para entender el rol que cumplen los controles de identidad en determinado sistema de justicia criminal. En el ámbito comparado, particularmente en el mundo anglosajón, en Estado Unidos como en Inglaterra, se ha estudiado muy en profundidad el uso y el impacto de estos controles y en general la tendencia es hacer una crítica muy fuerte de las facultades, particularmente, cuando son tan abiertas, como por ejemplo, ocurre con los controles preventivos en Chile y la tendencia legislativa y de práctica en estos países ha sido precisamente a reducir el uso de los controles de identidad y focalizarlos en casos muy particulares, más similares a lo que regula el Código Procesal Penal, más que a los controles de identidad preventivos que representan el 95% de los controles en Chile como ya señalé. Esto ha venido no solamente de la evidencia que muestra problemas como el uso discriminatorio, la poca eficacia de estos controles, sino también de cuestionamientos a nivel constitucional que se han presentado en estos países e incluso en cortes internacionales como la Corte Europea de Derechos Humanos que ya ha condenado dos veces al Reino Unido y en enero de este año a Hungría, por ejemplo, por tener facultades tan discrecionales y tan abiertas, con tan poco control, como serían los equivalentes a controles de identidad preventivos, por ello mismo, ellos han dejado de ocuparlo.
En esta línea, usted propone una Reforma a Carabineros de Chile. ¿En términos generales, en qué consiste esta propuesta?
La reforma de Carabineros surge, en mi opinión, como una consecuencia de una triple crisis que uno claramente ve que enfrenta la institución y esto hace muchos años. Por una parte, lo que yo llamaría una crisis de autonomía, es decir, la falta de control civil del trabajo policial en serio, tanto en los aspectos financieros como operativos. En segundo lugar, lo que yo llamaría una crisis de desempeño, es decir, una institución que tiene serias dificultades para cumplir con estándares profesionales de calidad en alguna de sus funciones básicas como la investigación policial, entre otras, y, además, esto se ha reforzado con una crisis de legitimidad que se ha incrementado a partir del fraude de 2017, conocido como Paco gate, pero que luego ha tendido a ocurrir con casos como Catrillanca, Operación Huracán, etc y finalmente se ha consolidado como consecuencia del estallido social de 2019. En mi opinión, la reforma a Carabineros debe hacerse con una transformación profunda que involucra no solo el cambio central en la institución sino también una redefinición de la autoridad civil a cargo de la seguridad, debiendo instalarse un ministerio de la seguridad pública que tenga, entre otros objetivos, conducir la política policial y ser una contraparte con capacidad técnica y política de ejercer un control sobre Carabineros. Al interior de Carabineros la reforma tiene como propósito, en primer lugar, definir cuál es el objetivo de contar con una policía como Carabineros en una sociedad democrática en la actualidad. Tenemos que discutir elementos configurantes de la institución como su carácter militarizado o no, la existencia de dos escalafones como en la actualidad, su nivel centralizado, una integración más diversa. Sobre la base de acuerdos que hay que llegar en estos temas luego hay que bajarlos a cuestiones más operativas como los sistemas de ingreso, selección, formación, la carrera policial, los sistemas de control en el uso y abuso de la fuerza, entre otras cuestiones. Sobre casi todos estos temas hay informes producidos por distintas comisiones en las cuales yo he participado, y hay bastante acuerdo entre especialistas de distintos signos políticos y que trabajan en distintas instituciones, sobre algunos pilares fundamentales. Obviamente es necesario bajar luego eso a proyectos y programas de implementación específicos, pero no se ha avanzado en el último par de años con la fuerza y decisión que uno esperaría por parte del gobierno y la clase política en general.
Otra de sus investigaciones más recientes se focaliza en el estudio de las condenas e imputaciones erróneas del sistema de justicia penal en Chile. ¿Qué información ha podido recabar?
Mi investigación en esta área ha sido identificar la magnitud del problema en Chile, con investigación empírica sobre los casos de condenas e imputaciones erróneas, y luego trabajar sobre la base de identificar los factores que han sido descritos en el ámbito comparado como aquellos que aumentan la probabilidad de los errores. Por ejemplo, he llevado investigación empírica en materia del uso que en Chile se hace de los reconocimientos oculares o el uso que se hace de la prueba pericial, o el uso que hacemos de procedimientos negociados como el procedimiento abreviado y el procedimiento simplificado. Y mis hallazgos tienden a mostrar, lamentablemente, que las prácticas que habitualmente se ocupan en nuestro sistema de justicia criminal, son las mismas o muy similares a las que están descritas en el ámbito comparado como aquellas que aumentan la probabilidad de error y, por lo mismo, que los niveles de error en nuestro país podrían ser mucho más altos que lo que intuitivamente creemos. A partir de ello entonces, he elaborado un conjunto de propuestas de política pública y de reforma legal destinadas a mejorar estos problemas. Más recientemente he encarado una investigación orientada a identificar cómo funcionan los mecanismos que en Chile permiten corregir los errores, principalmente el recurso de revisión. Lamentablemente, he descubierto nuevamente que este mecanismo sirve de poco o nada. En estos momentos estoy haciendo propuestas de reforma legal y de política pública, orientadas a superar este problema. También he abordado el tema de cómo reparamos los errores cuando los hemos descubierto, ya que, otra vez, lamentablemente, mi investigación demuestra que los mecanismos actualmente disponibles, solo reparan a una porción muy menor de las personas que son víctimas de los errores y que, por tanto, hay una necesidad de constituir o de regular una nueva institución que genere un equilibrio más razonable en este tema. En ambos casos, el debate constitucional ofrece una oportunidad para incorporar algunos mecanismos y algunas reglas básicas que mejoren la situación en Chile. Se trata de un área de investigación muy nueva en Chile en el que se requiere que exista más trabajo y reflexión ya que tenemos algunos problemas importantes, pero también una gran oportunidad de generar mejoras sustanciales.