Ministerio de Justicia debió postergar reforma procesal civil, pero insistirá en sacar una ley de mediación

La cartera rescató esta herramienta, que era parte de la iniciativa original, y la impulsará por separado este año.

“Vamos a tener que postergar la reforma procesal civil, en lo central, por los costos que trae”, dijo ayer a “El Mercurio” el mi nistro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.

Así, la autoridad reconocía que uno de los grandes proyectos de la cartera no ingresará al Congreso este año. Anunció, sin embargo, que tuna parte dela iniciativa sí lo hará: se impulsará una ley de mediación “como una fórmula para resolver las inquietudes en estas materias, conectada con la transformación digital del Estado, y creo que estaremos avanzando en darlos servicios que la ciudadanía espera de nosotros”. De esta forma, la reforma a la justicia civil —la única no reformada, porque ya lo están la penal, laboral y de deberá esperar de manera indefinida producto del gasto que ha significado para el país la pandemia.
“Ha traído dolores insufribles, costos y pérdidas enormes, pero también nos ha abierto oportunidades, como es el uso de las plataformas tecnológicas para resolver conflictos que largamente hemos podido o debido postergar”, planteó Larraín. El cambio de escenario Este era un escenario que el ministro no imaginaba a comienzos de 2020, antes del coronavirus, cuando describía este proyecto como una de las prioridades sectoriales del Gobierno, y adelantaba que estaba prácticamente listo para su tramitación. También decía entonces que la reforma “permitirá agilizar el ‘% de las causas que entran anualmente a los tribunales de justicia” y que, en ella, “una herramienta fundamental será la mediación”. Este último mecanismo es el que salvó y su tramitación legislativa se espera inicie este año.
Para ello se trabaja en revisar experiencia comparada, como es el caso de España, con la mediación en línea puesta en marcha en marzo por el Departamento de Justicia de Catalunya.

Ayer el Ministerio de Justicia organizó un conversatorio en que expertos catalanes contaron cómo ha sido la experiencia en Barcelona al implementar este sistema como una manera de ha= cer frente a la crisis. Varias veces pospuesta La cronología de esta reforma integral a la justicia civil abarca 16 años: su impulso comenzó durante el gobierno de Ricardo Lagos y continuó con sus sucesores, “es decir, cinco períodos presidenciales en que fue considerada una prioridad y en que hemos trabajado con todos los ministros de Justicia en su estudio y estructuración (…) Estábamos ad portas de retomar la tramitación legislativa cuando sobrevinieron las crisis de octubre y la actual pandemia, que la han alterado las prioridades”, dice José Pedro Silva, coordinador técnico de la Reforma Procesal Civil y director del Programa de Reformas a la Justicia de la U. Católica.

Sin perjuicio de ello, cree: “No hay razones para no avanzar en el trámite legislativo, etapa que no tiene mayores costos para el erario nacional, de manera de tener los cuerpos legales aprobados para cuando cambien las condiciones que permitan su implementación”. Es, puntualiza, una reforma concebida para ser aplicada en no menos de cuatro años, por lo que se puede ir distribuyendo la carga económica que implica.

Se valora incorporación de negociación Para el profesor de Derecho Procesal de la U. De Chile, Cristián Maturana, esto “demuestra que los proyectos de Estado en este país no se están haciendo debidamente (…) y no ha habido voluntad política real de poner la prioridad que se merece, siendo siempre postergada por otras situaciones”, dice, aunque es justificable que con la actual pandemia no se destinen esos recursos.
También afirma, sobre el nuevo proyecto, “que es fundamental que las soluciones de los conflictos se hagan por la propia gente y que el proceso se trans forme como la última ratio. No es problema introducir una ley, sino que profundizar en un aspecto cultural, que la ciudadanía esté consciente de que tiene que pasar por una fase de negociación. Eso le va a hacer bien a la sociedad chilena”.

Su par de la U. Diego Portales Macarena Vargas concuerda, y añade que esta es una oportunidad para un área que ha estado muy subestimada: “Todo lo que dice relación con los mecanismos preferentes o colaborativos de solución de controversias, lamentablemente, por una cuestión de cultura legal, ha tenido un trato de menor calidad en comparación con la respuesta jurisdiccional”. Por su parte, Silva cree que aunque es positiva la inclusión inmediata de ciertas partes del proyecto, “resulta preocupante que ello se perciba como una suficiente reforma, olvidando que se trata de un sistema integral y complejo que obedece a una unidad de propósitos”. Libro blanco o mantener la reforma Maturana piensa que una forma de avanzar en estas materias podría serun “libro blanco”, “en el sentido de establecer cuáles son os objetivos que se van a tener que materializar e irlo haciendo de a poco”. “Cuando se dice que no se puede cambiar todo el sistema, seamos lo suficientemente inteligentes como para ir introduciendo medidas que permitan mantener una justicia más moderna”.