23 / 04 / 2020
Ester Valenzuela – La Segunda
Durante el último mes hemos estado enfocados en la cantidad de contagios y muertes que día a día nos está dejando el covid-19. Hasta ahora, sin embargo, el Gobierno ha administrado la crisis sin un enfoque de derechos de la infancia: no hay medidas especificas para proteger integralmente a niños, niñas y adolescentes. Esto lamentablemente no nos extraña: la infancia nunca ha sido la prioridad que han prometido este y anteriores gobiernos. ¿Por qué esperar algo distinto en este contexto?
La respuesta es que hoy más que nunca los niños y niñas más vulnerables y vulnerados se encuentran en situación de riesgo: la pandemia mundial ha exacerbado la pobreza, violencia y discriminación. Las brechas existentes sin duda se agudizan y sale a la luz una enorme desigualdad “de cuna”. A la pérdida de empleo e ingreso en muchos hogares, se suman el encierro, angustia y estrés de padres o cuidadores, que aumentan la posibilidad de que muchas victimas sufran violencia física y psicológica. El abuso sexual puede invisibilizarse aún más. Y a todo esto se agrega el cierre de un espacio que muchas veces resulta protector, como es la escuela.
El Comité de Derechos del Niño advirtió recientemente sobre el grave efecto físico, emocional y psicológico de la pandemia en niños, niñas y adolescentes, e hizo un llamado a los Estados para protegerlos. Pensando en los más vulnerables entre ellos, el Comité llamó a incrementar la protección de niños(as) en situación de discapacidad; que viven en la pobreza o en situación de calle; niños(as) migrantes o pertenecientes a minorías e indígenas; con afecciones de salud subyacentes; privados de libertad o internados en centros de detención policial, cárceles, centros de atención segura, centros o campos de detención de migrantes; y niños(as) que viven en instituciones, entre otros. Asimismo, llamó a los Estados a liberar a los niños de toda forma de detención o encierro cuando sea posible, y, en los casos en que no lo es, proporcionarles los medios para mantener un contacto regular con sus familias.
En el actual contexto, que podría extenderse, es esencial que las autoridades elaboren un plan de protección integral de niños, niñas y adolescentes. El Estado tiene el deber de hacerse cargo de resguardarles del mayor riesgo y vulnerabilidad al que se ven expuestos en esta pandemia global.