¿Parlamentarismo de facto? Las indicaciones cuestionadas como inconstitucionales tras el acuerdo por la Paz
03 / 04 / 2020
Javier Couso – La Tercera
Aunque no es algo nuevo, las indicaciones o proyectos que serían inconstitucionales han seguido con más fuerza tras el acuerdo por la paz y por una nueva Constitución del pasado 15 de noviembre. ¿Son, como ha apuntado el oficialismo, tácticas “dilatorias”, o válidas demandas tras la crisis social?
Post 18 de octubre del año pasado, y en especial después del acuerdo político del 15 de noviembre que habilitó un plebiscito constitucional, parlamentarios y parlamentarias han presentado una serie de proyectos e indicaciones que, como se ha visto más tarde, son inconstitucionales o inadmisibles.
Hay al menos cinco ejemplos claros. El primero llegó desde la filas oficialistas, un día después del acuerdo por una Nueva Constitución y de parte de la diputada Ximena Ossandón (RN) durante el trámite la discusión de la ley de presupuestos. La parlamentaria presentó una indicación que planteaba subir la Pensión Básica Solidaria en 50%, en vez de 20% a partir de enero, propuesto por el Gobierno. La mesa de la Cámara explicó que esa iniciativa no era admisible, pues al irrogar gasto del fisco, debía ser propuesta por el Ejecutivo. Pero se pidió someter a votación la admisibilidad y hubo 74 votos a favor, tras lo cual se aprobó y siguió el proceso legislativo.
¿Y el último? La semana pasada cuando el ministro de Hacienda, Ignacio Briones informó por Twitter que el proyecto de protección al empleo no sería despachado ese día tras “discutir el cúmulo de indicaciones inconstitucionales que miembros de oposición (de la) comisión de Trabajo de la Cámara aprobaron hoy”. El subsecretario de Trabajo, Fernando Arab señaló que fueron más de 10 indicaciones. “Los parlamentarios sabían que eran inconstitucionales, las promocionaron igual”, comentó.
Para algunos, es una estrategia –intencional o no- para hacer ver las cosas que, según varios, la actual Constitución no permite avanzar. Para otros, una ofensiva del Congreso, post 18 de octubre, para hacer valer su peso y desmarcarse del gobierno.
La diputada Ossandón recuerda el episodio y argumenta: “Antes de que se votara esta indicación, desde RN se informó varias veces que nosotros insistiríamos en que el aumento debía ser de un 50% y no de un 20%”. Y agrega: “Existe una herramienta que está en la ley orgánica de la Cámara donde uno tiene la facultad de declarar algo admisible cuando la mesa lo ha declarado inadmisible. Dada la urgencia que se estaba viviendo nosotros usamos esa herramienta -que muchas veces se ha ocupado- que implica todo un proceso donde se declara admisible y después sigue su curso y después el presidente tiene la facultad de vetar”.
Otro ejemplo es la indicación presentada el 27 de noviembre en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados que aumentaba el ingreso mínimo garantizado a $500 mil. Originalmente el Ejecutivo había propuesto $370 mil brutos. La enmienda planteada era de $550.336 brutos y fue aprobada.
Esta fue impulsada por Gabriel Silber (DC), Maite Orsini (RD), Karol Cariola (PC), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Gael Yeomans (CS), Tucapel Jiménez (PPD), Raúl Leiva (PS) y Gastón Saavedra (PS). Se alegó que solo el Ejecutivo tiene la iniciativa para presentar este tipo de propuestas en materias que implican gasto fiscal. Al haber cuestionamientos, Silber recordó la moción hecha por Ossandón. La respuesta vino del ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, quien señaló que “evidentemente están vulnerando la Constitución con decisiones que votan por mayoría. Y agregó: “Si no respetamos las normas hoy, con qué cara les vamos a decir a los ciudadanos que vamos a hacer una nueva Constitución”.
Hoy, el diputado Silber arguye que “lo que pasa es que en situaciones excepcionales como la que estamos viviendo, ha sido el propio gobierno quien ha estado bloqueando el diálogo y la posibilidad de acuerdos en el Congreso y ha instalado el precedente de que la Cámara aprobando indicaciones, que están en la cornisa de la admisibilidad, finalmente terminan logrando cambios positivos para los chilenos”.
Afirma que “al final del día, los porfiados hechos acreditan que ambas (cámaras) mixtas han logrado cambios positivos -como el bono COVID-19 y subsidio al desempleo- al proyecto, gracias justamente, al rol que ha tenido la Cámara de Diputados”.
Consultada sobre el hecho, la diputada Orsini opina que: “La inconstitucionalidad de las indicaciones presentadas en el caso del ingreso mínimo garantizado son la evidencia de que la Constitución no da el ancho para resolver los problemas que Chile tiene hoy y que son manifiestos desde el 18 de octubre. Tenemos un sistema hiperpresidencialista que debe ser reformado, y que incide, por supuesto, en las materias que podemos indicar o presentar proyectos”.
Agrega que tras el estallido social, “y la crisis sanitaria ha dejado al descubierto que hoy más que nunca es necesario cambiar la Constitución. Principalmente para garantizar derechos sociales como la salud y para reformular las atribuciones tanto del ejecutivo como del poder legislativo, ya que el gobierno ha demostrado que no da el ancho para dar respuestas de estado y alega la inconstitucionalidad de lo que le incomoda”.