¿Son todos los deudores iguales?: Macarena Vargas publica resultados de investigación sobre la insolvencia personal en Chile

Una investigación que analiza empíricamente los perfiles de las personas que se acogen a los procedimientos de insolvencia en Chile; es lo que ofrece el reciente artículo publicado por la vicedecana de pregrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Macarena Vargas, en la International Insolvency Review, el cual lleva por título “Are all debtors the same? Personal insolvency and debtor’s profiles in Chile”. Este trabajo se enmarca en el proyecto Fondecyt de Iniciación N°11200782 sobre “Mecanismos de protección de los derechos de los deudores: Un análisis dogmático, empírico y comparado”, del cual la autora es investigadora responsable.

La Ley 20.720, en vigor desde 2014, reformó profundamente la legislación concursal chilena al incorporar por primera vez a las personas naturales como sujetos de estos procedimientos. Inspirada en el principio del fresh start, esta normativa busca no solo liquidar deudas, sino también ofrecer a los deudores una segunda oportunidad para reinsertarse en el sistema financiero.

A pesar de la importancia de esta transformación legal, hasta ahora existía poca evidencia sobre quiénes son, en la práctica, los usuarios de este sistema. A través de entrevistas en profundidad a actores clave (jueces civiles, abogados, liquidadores y profesionales públicos), la profesora Vargas logra perfilar a estos deudores y proponer una tipología que distingue dos grandes grupos.

Por un lado, el “deudor consumidor”, que utiliza el crédito como mecanismo habitual de subsistencia y que, una vez sobreendeudado, muestra escasa disposición al pago, siendo percibido por algunos operadores del sistema como abusivo o de mala fe. Por otro, el “deudor preso de sus circunstancias”, que enfrenta eventos críticos como el desempleo, una enfermedad grave o una ruptura de pareja. Este segundo grupo suele tener mayor voluntad de pago, pero se ve sobrepasado por fuerzas sociales que escapan a su control.

Ambos tipos de deudores coexisten en el sistema bajo un mismo tratamiento legal. Sin embargo, Vargas sostiene que este enfoque estandarizado -incluso tras la modernización que introdujo la Ley 21.563 en 2023- resulta insuficiente. La evidencia recogida apunta a la necesidad de desarrollar procedimientos concursales diferenciados, que consideren tanto las motivaciones del endeudamiento como los niveles de vulnerabilidad de los individuos.

Desde una perspectiva de política pública, esta diferenciación no solo sería más justa socialmente, sino también más eficiente en términos económicos, ya que permitiría mejorar la recuperación de activos y ofrecer soluciones adaptadas a las distintas realidades que enfrentan los deudores chilenos.

La publicación no solo aporta evidencia empírica valiosa, sino que también plantea preguntas fundamentales sobre la equidad, la efectividad y la adecuación del sistema concursal chileno para enfrentar los desafíos sociales del endeudamiento personal.

Puedes descargar el artículo completo (en inglés) en el siguiente enlace: