Pablo Viollier - La Tercera
22 / 06 / 2020
La sola mención de analizar el voto electrónico como medida para un “plebiscito seguro”, propuesto por un grupo de académicos y académicas, arrojó críticas al respecto. Desde sectores opositores buscan medidas para hacer frente a la ofensiva de ciertos sectores oficialistas que buscan saltarse el plebiscito fijado para el 25 de octubre.
Esta semana se dio a conocer una carta firmada por 93 académicos y académicas, provenientes de la centro izquierda. En ella plantean debatir mecanismos para que se haga un plebiscito seguro, dado los efectos de la pandemia del coronavirus. La misiva era a su vez una respuesta a propuestas de sectores del oficialismo sobre no realizar el referéndum de entrada fijado para octubre o agregar opciones como un Congreso Constituyente.
Votar en más de un día era una de las ideas planteadas. Otra, casi al final de la carta, agregaba evaluar el voto electrónico. “Entendemos que las opciones de voto electrónico son variadas y complejas. Por una parte, puede facilitar el sufragio a distancia pero, al mismo tiempo, puede generar impedimento de acceso a mucha población, así como también afectación al secreto del voto. No obstante, es una opción que debe ser analizada”, se lee en la carta.
Ese párrafo fue criticado en el mundo académico y se reflejó en las redes sociales. La Red de Politólogas emitió un comunicado en el que se valoraba poner el tema de un plebiscito seguro, resaltando que “la democracia no se suspende” pero señalando que la pandemia ha reflejado las distintas realidades de los chilenos, entre ellas la brecha digital que podría manifestarse afectar el alcance del voto electrónico. En tanto, la Asociación Chilena de Ciencia Política también consideró importante establecer un referéndum con todas las garantías posibles pero la implementación del voto electrónico podría generar cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso.
Pablo Viollier, abogado de la ONG Derechos Digitales y docente de la Universidad Diego Portales, indica que “vale la pena evaluar cualquier mecanismo que nos permita tener un contexto de voto seguro en la pandemia, excepto el voto electrónico”. Le llama la atención el párrafo de la carta que hace mención a analizar esta opción. “Sé que son personas expertas en Derecho Constitucional y en Teoría del Derecho, y connotados académicos, pero en el fondo de la redacción de esa carta da a entender que el voto electrónico no se ha analizado (…), pero la verdad es que esto si se ha analizado. Hay gente que ha escrito y estudiado el tema. Entonces, no es que haya que analizar esto. Se han escrito los artículos, se han hecho los papers, se han escrito los análisis y la conclusión es que no conviene”.
El académico aventura que la propuesta fue “para enfatizar la importancia de que el plebiscito se haga”. Apunta a que la Constitución “garantiza que el voto es secreto y es personal. Y no sólo lo garantiza la Constitución, que queremos cambiar, sino que lo garantizan los tratados internacionales suscritos por Chile. Y esa garantía constitucional y esa responsabilidad internacional significa que no puede organizar una elección que no garantice el secreto del voto o que el voto sea personal”.
Añade que “sería profundamente deprimente y paradójico que en el proceso de enmendar ese problema de legitimidad de la Constitución nosotros generemos otro germen de ilegitimidad en el nuevo texto. Si nosotros hacemos un proceso de plebiscito por voto electrónico y hay un problema en la votación, como lo ha habido en un montón de votaciones en América Latina y en otros procesos, a la mitad de la población que pierde le queda la impresión de que el proceso estuvo viciado”.
La académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción Amaya Alvez, una de las redactoras de la carta explica que todas las medidas para realizar un referéndum seguro “deben ser debatidas, si ello ocurre con altura de miras y con fundamentos siempre me parece un aporte. El diálogo permite conocer los pro y los contras. No nos debemos cerrar a analizar experiencias comparadas desde una perspectiva interdisciplinaria. Hoy tenemos una magnífica declaración de la Red de Politólogas y los expertos podrán aportar ideas y debatirlas, pero las autoridades tienen la obligación de evaluarlas e implementarlas oportunamente”.
Alvez señala que el plebiscito de entrada definirá tanto la voluntad de aprobar la redacción de una nueva Constitución y el tipo de órgano constituyente que la redactará. “El resultado no es indiferente”, pues “solamente la Convención Constitucional tendrá una integración cien por ciento ciudadana y paritaria (…) debe aún legislarse respecto de escaños reservados a miembros de pueblos originarios y la eventual participación de jóvenes entre 16 y 18 años”. Por esto dice que “el debate por crear las condiciones para hacer de forma segura este plebiscito de entrada es una necesidad urgente y una demanda ciudadana obvia”.