¿El que nada hace nada teme?

Por: Domingo Lovera, La Tercera

Como suele ocurrir de tanto en tanto, los gobiernos —todos, indica nuestra experiencia— suelen echar mano a la carta del miedo para efectos de poder aprobar medidas que -eso prometen- coloquen freno a la delincuencia. El recurso a la carta del miedo —la delincuencia está acá, siéntase inseguro, usted es la próxima víctima— crea condiciones para tomar decisiones que aseguran un retorno inmediato en popularidad que, medidas de más largo aliento, pero quizá más efectivas (como el combate de la desigualdad, sin duda un factor relevante en los índices de delincuencia), no.

El reciente anuncio del gobierno de ampliar el control preventivo de identidad, se enmarca en esa línea de acción. Para justificarla, allí donde ha fallado la evidencia (se trata de una herramienta muy ineficiente en el control del delito) y menguado la confianza en la entidad a su cargo (Carabineros de Chile no pasa por su mejor momento a ojos de la ciudadanía), se ha recurrido a un viejo eslogan: el que nada hace nada teme. La idea del eslogan, es sensibilizar a la opinión pública al hacerle ver que, si no han cometido faltas o delitos, no hay razón alguna entonces para temer al control de identidad. ¿No hay nada que temer?

En las democracias constitucionales -la nuestra asegura ser una- las medidas que se adoptan, incluidas las que prometen el combate a la delincuencia, deben cotejarse con el respeto a nuestros derechos fundamentales.

La medida anunciada por el gobierno prescinde de estas consideraciones. A su base está la convicción de que nuestra identificación, la revisión de ropajes y pertenencias, están a merced del Estado y que, incluso sin razón que los justifique -esto es lo que busca permitir el proyecto-, debemos someternos a escrutinio. Del mismo modo, a su base se encuentra la convicción de que nuestra libertad de desplazamiento está a disposición del Estado. Así, a través de su fuerza policial, puede interrumpir nuestro libre transitar sin necesidad de esgrimir —esto es lo que buscar permitir el proyecto- razón alguna. Nada de esto debiera ser admisible en democracias constitucionales.

Si las personas no hemos hecho nada ilegal (porque, ¿quién no hace nada?), entonces, lejos de tener que poner a disposición permanente del Estado nuestra privacidad y libertad de desplazamiento, tenemos derecho a exigir su repliegue. ¿Quiere decir esto —casi da vergüenza tener que plantearse la hipótesis— que quien reclama la protección de sus derechos está de lado de la delincuencia? No. Más bien reclama que el Estado, que tiene (y enhorabuena) un interés legítimo en controlar la delincuencia, ofrezca razones que justifiquen su intervención en el ejercicio legítimo de derechos constitucionales. La ausencia de éstas, cuestión que ha mostrado el debate de estos días, debiera derribar la medida.

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