Juan Enrique Vargas realiza estudio sobre gobierno judicial en Chile: propone cambiar “radicalmente” la forma cómo se concibe la carrera judicial

“Gobierno Judicial. Independencia y fortalecimiento del Poder Judicial en América Latina” se llama el libro -del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), con el auspicio de la Fundación para el Debido Proceso (DPFL) y el financiamiento de Global Affairs Canada (GAC)- donde el profesor Juan Enrique Vargas escribió un análisis sobre el gobierno judicial chileno.

Dirigido por Alberto Binder y Leonel González, el estudio es de carácter regional (compilando cinco informes locales correspondientes a Argentina, Chile, Colombia, Guatemala y Paraguay) y fue presentado el pasado 17 de octubre.

En el capítulo del profesor Vargas se presentan “los principales temas y debates asociados a las competencias de gobierno judicial en Chile y a la forma como éstas se ejercen cotidianamente”, desarrollando temas como la independencia judicial, cómo la Corte Suprema ejerce sus funciones de gobierno interior, la participación y consulta en las decisiones de gobierno judicial, la eficiencia de la toma de decisiones, entre otros tópicos.

Entre las conclusiones está el que “el gobierno del Poder Judicial en Chile, entregado como está a su Corte Suprema e independientemente de si ella lo hace bien o mal, con buenas o erradas intenciones, tiene un serio déficit de legitimidad”.

Menciona, una paradoja, como posible hipótesis: mientras que para un “observador externo” el sistema ha mejorado enormemente, “la percepción pública sobre la justicia en Chile y su confiabilidad siguen siendo malas, comparativamente peores que la mayoría de los países de la región, los mismos países que envían representantes a Chile para tomarlo como modelo para mejorar sus sistemas”.

Así, una explicación para este fenómeno -según el profesor- es la “gran complejidad política que implica realizar una reforma de fondo al gobierno judicial”, sentenciando que se debería “partir por cambiar radicalmente la forma como se concibe la carrera judicial en nuestro país”.

El profesor Vargas propone “un sistema de gobierno que exceda los intereses gremiales de los jueces”, generando una instancia de gobierno donde “participe toda la institución y no sólo la Corte Suprema”, siendo el rol del Máximo Tribunal solamente jurisdiccional. Esto sería la “única vía actualmente disponible para compatibilizar los objetivos de legitimidad y eficiencia, reduciendo a la par los riesgos a la independencia interna”.

Bajo este esquema, Vargas dice que se debería crear una estructura de gestión y administración financiera (que asuma las actuales competencias de la Corporación Administrativa del Poder Judicial), como la de personal, las cuales deberían estar a cargo de un director responsable elegido por Alta Dirección Pública. Este ente a cargo del personal “sería responsable de administrar el sistema de nombramientos, calificaciones y ascensos, el que, en los casos de los jueces, también debiera seguir el sistema de la Alta Dirección Pública y asumir adicionalmente las competencias que hoy recaen en la Academia Judicial para la capacitación inicial y permanente del personal”

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